El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha dictado una sentencia condenatoria contra un hombre por un delito contra los ciudadanos extranjeros, en un caso vinculado al tráfico ilegal de personas y a un naufragio ocurrido en 2021.
El acusado, que permanecía en busca y captura desde el año 2023, fue detenido este pasado lunes y, apenas un día después, ha reconocido los hechos y aceptado la pena impuesta por el tribunal. Se le ha condenado a una pena de dos años de prisión.
La pena deberá cumplirse de forma íntegra, dado que el condenado cuenta con antecedentes penales, lo que impide cualquier tipo de suspensión o beneficio penitenciario en este caso.
En esta misma causa ya había sido condenado previamente el otro acusado, considerado también responsable de los hechos investigados y juzgados ahora.
Los hechos se remontan al 16 de junio de 2021, cuando ambos acusados, actuando de común acuerdo y con un claro ánimo de enriquecimiento ilícito, facilitaron la entrada irregular en territorio peninsular de cinco personas de origen marroquí.
A cambio de esta actuación, los implicados recibieron una cantidad económica no determinada con exactitud, aunque situada entre los 2.000 y 2.500 euros por el traslado.
Para llevar a cabo el traslado, los acusados organizaron el transporte en una embarcación precaria, que carecía de las medidas mínimas de seguridad, como chalecos salvavidas.
Además, la embarcación era pilotada por los propios inmigrantes, pese a que los acusados eran conscientes de que no contaban con conocimientos de navegación y, en algunos casos, ni siquiera sabían nadar.
Esta situación supuso un grave riesgo para la vida de los ocupantes, cuyo paradero sigue siendo desconocido hasta la fecha, sin que se haya podido confirmar su destino tras la travesía.
La investigación fue desarrollada por la Policía Nacional, que llevó a cabo una operación el 16 de julio de 2022 en la que se logró vincular a ambos acusados con el naufragio de los cinco inmigrantes.
Según las pesquisas policiales, los procesados estarían directamente relacionados con la desaparición de estas personas, a quienes pretendían trasladar de forma ilegal hasta la Península.
La sentencia ahora dictada pone fin al proceso judicial contra el último de los acusados pendientes, consolidando la responsabilidad penal de ambos implicados en unos hechos que evidencian los riesgos extremos asociados a las rutas de migración irregular.
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