Siete fardos de hachís, es decir 245 kilos, fueron hallados y recuperados por agentes de la Policía Nacional en Ceuta el pasado 19 de junio sobre las 16:00 horas en la zona de la playa de La Bolera y entorno de San Amaro. Aquel suceso llamativo, en el que se terminó deteniendo a una persona, llegó ayer a los
tribunales.
El aviso de un ciudadano alertando de la presencia de fardos con
droga flotando en el mar movilizó a unidades de la Policía Nacional, Local y Guardia Civil, desplazándose hasta el lugar de los hechos. Allí hallaron a A.H., un varón de 46 años de nacionalidad marroquí y sin antecedentes penales, que se encontraba en la zona enterrando entre la arena y las rocas un fardo que contenía hachís, de forma que al percibir la llegada de los agentes de Policía emprendió la huida, aunque los agentes le detuvieron y trasladaron a la Jefatura Superior.
Tras una inspección exhaustiva de la zona los agentes encontraron otros seis fardos de las mismas características que el que el acusado estaba intentando enterrar. Además, tras el análisis, resultó que estos siete fardos contenían hachís y se arrojó un peso bruto total de 245 kilogramos.
Asimismo, la droga incautada tendría un valor en el mercado de 409.150 euros. Tras su detención, A.H. ingresó en la prisión de Mendizábal de forma preventiva esperando un
juicio que llegó ayer, por incurrir en un delito contra la salud pública en su modalidad agravada de notoria importancia. El acusado reconoció los hechos y aceptó una pena de cárcel de dos años ya que se consideró que no había llegado a tener la disponibilidad de la droga por lo que se apreció una tentativa.
El acusado reconoció los hechos y se consideró la existencia de una tentativa
Aunque en un principio la Fiscalía pedía una pena de cuatro años y tres meses de prisión y una multa de 1.227.450 euros con 180 días de cárcel en caso de impago, finalmente se alcanzó esa conformidad de dos años de prisión con multa de 409.150 euros y 3 días de cárcel en caso de impago.
Por su parte, el abogado defensor solicitó a la Fiscalía y a la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta que tuvieran en consideración que el acusado no tiene antecedentes penales, por lo que pedía la supresión del cumplimiento de la pena. Finalmente, al no oponerse la Fiscalía, la jueza condenó a dos años al acusado, que aunque no tendrá que ingresar en prisión no podrá cometer ningún otro delito en ese plazo y decretó su puesta en libertad.