La magistrada del
Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta condenó este viernes a dos mujeres implicadas en un delito de falsedad de documento público, después de que, en fecha no determinada pero antes de junio de 2015, acordaran un plan para alterar y dar apariencia de verdadero a un contrato de compraventa de un
vehículo. Las dos acusadas redactaron el documento haciendo constar una fecha e incluyendo los datos del vendedor, las firmas y, tras confeccionarlo, lo presentaron ante la Agencia Tributaria. Con el mismo ánimo falsario, se rellenó un impreso de otorgamiento de representación del Registro de apoderamientos de la
DGT, haciendo constar los datos del vendedor y compradora, presentándolo en la Dirección General de Tráfico aparentando veracidad.
Descubierta la trama fueron acusadas del delito tanto las dos mujeres como una tercera persona, un varón contra el que ayer se retiró la acusación por parte del Ministerio Público y Acusación Particular. Tras el reconocimiento de los hechos, las dos aceptaron por conformidad una pena de 6 meses de prisión que quedó en suspenso al carecer de antecedentes penales pero bajo la advertencia de que si vuelven a delinquir se ejecutaría dicha pena. Así también se les condenó a una multa de seis meses con una cuota diaria de 2 euros: un total de 360 euros.
Al haber un reconocimiento de hechos y aceptación de la pena, no fue necesaria la celebración de juicio alguno, cerrándose este asunto judicial con una conformidad.
La Justicia se ‘reactiva’
Con el fin del estado de alarma, el Consejo General del Poder Judicial aprobó un paquete de medidas con el que se persigue reactivar la justicia en toda España, también en Ceuta. Una de esas medidas pasa por la señalización diaria de juicios para sellar conformidades entre las partes si las mismas son posibles. Si no se hace una conformidad entonces la vista se suspende y se fija a partir del mes de septiembre para que se celebre el juicio. Con este procedimiento se quiere evitar el riesgo derivado de la citación de testigos, sacando adelante todas las conformidades previo acuerdo entre Fiscalía y Defensa, apostando por la conexión por videoconferencia con el acusado para que tampoco tenga que estar presente físicamente en el juzgado. Este proceso de reactivación tendrá lugar hasta finales del mes de julio, ya que en agosto no se van a señalar vistas.