Condenada por suplantar la identidad de una anciana para contratar líneas telefónicas

La acusada reconoció los hechos y aceptó las penas impuestas aplicándose la figura jurídica de la conformidad

El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha condenado a una mujer por un delito de falsedad documental y otro leve de estafa, tras quedar acreditada su participación en la suplantación de identidad de una persona mayor para contratar varias líneas telefónicas.

El escrito fiscal recoge que la acusada actuó de forma consciente y voluntaria, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito.

Durante el acto, la acusada reconoció los hechos y aceptó la pena impuesta, consistente en 6 meses de prisión por la falsedad documental, así como una multa de 6 meses a razón de 2 euros diarios. Por el delito leve de estafa se le impuso además una multa de un mes, con una cuota diaria de igual cuantía.

La pena de prisión quedará suspendida durante 2 años, siempre que la condenada cumpla las condiciones fijadas por el juzgado: no delinquir nuevamente en ese periodo y abonar la responsabilidad civil, establecida en 255,04 euros, importe correspondiente al perjuicio causado a la víctima.

Relato de hechos

La acusada, movida por un ánimo de suplantación y con pleno conocimiento de la falsedad de la documentación empleada, facilitó a la empresa Movistar el DNI y los datos personales de la denunciante, una mujer de avanzada edad. Con ellos gestionó la contratación online e instalación de varias líneas telefónicas en su propio domicilio, firmando el contrato a distancia en nombre de la perjudicada sin su consentimiento ni conocimiento.

Como consecuencia del impago de las facturas correspondientes a los meses de diciembre de 2024, enero y febrero de 2025, la empresa reclamó a la víctima un total de 255,04 euros, al figurar ella como titular de los servicios fraudulentamente contratados. Este perjuicio económico constituye la base de la responsabilidad civil reconocida en la sentencia.

El acuerdo previo alcanzado entre la Defensa y el Ministerio Fiscal permitió evitar la celebración de la vista oral, prevista para este miércoles en el mismo juzgado. Este pacto, basado en la conformidad de la acusada, agilizó el procedimiento y permitió dictar sentencia en los términos pactados.

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