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Una condena, 5 inmigrantes desaparecidos y una historia sin resolver

La Audiencia condena a 2 años de prisión a uno de los acusados por tráfico de personas después de un pase del que nunca se supo su final | El otro procesado está declarado en rebeldía y se enfrenta a 8 años de cárcel

Se llamaban Khalid, Mohamed Said, Ibrahim, Hamza e Ibrahim. Desaparecieron en el mar tras lograr el pase a Ceuta durante la entrada masiva de mayo de 2021. Nunca se encontraron sus cuerpos y por ello nunca se ha podido ejercer una acción penal por homicidio contra las personas que prepararon su salida desde la playa de San Amaro.

Esa parte de la historia no tendrá su condena, quedará eternamente perdida en el ámbito de las sospechas policiales. No hay cuerpos y, por tanto, resulta imposible encuadrar penalmente cualquier reproche.

El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a uno de los dos acusados que figuraban en esta causa inicialmente seguida por tráfico de inmigrantes, organización criminal y homicidio.

Se trata del llamado I.A., quien tras reconocer su responsabilidad en un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros aceptó la imposición de 2 años de cárcel.

No tendrá que cumplirlos ya que se aplicó el beneficio de la suspensión de dicha pena durante un periodo de tres años, bajo la advertencia de no delinquir en ese tiempo.

Defendido por el letrado Javier Hermoso, cuando se localice al otro acusado declarado en rebeldía al no haberse presentado a la vista judicial señalada para este lunes, se tendrá en cuenta su testifical.

Un pase de inmigrantes que nació de la entrada masiva de 2021

Así, el joven reconoció haber organizado el pase de esos cinco inmigrantes que habían conseguido entrar en Ceuta en mayo de 2021 con miles de compatriotas más.

Lo hizo en coordinación con el acusado declarado en rebeldía y reconoció que habían cobrado entre 2.000 y 2.500 euros por persona.

Su rol, en ese entramado delictivo, era únicamente contactar con los inmigrantes ya que al ser de Marruecos conocía a muchos de ellos, mientras que el otro acusado, al que se tendrá que juzgar cuando la Policía dé con su paradero y que está identificado como I.Ch., organizaba los traslados.

Los jóvenes estuvieron escondidos en un garaje en la barriada de Loma Colmenar y desde allí se preparó el traslado en una embarcación que no disponía de las mínimas medidas de seguridad. Marcharon solos, nunca más se supo de ellos. No se tiene constancia de su entrada en la Península ni tampoco de su localización en Gibraltar.

Antes de esa partida, desde la playa de San Amaro, estuvieron en lo que era una especie de trasteros bajo los pisos de esta promoción propiedad de I.Ch.

Un procedimiento que nació con 3 acusados

Judicialmente no se ha mantenido la acusación por delitos de homicidio, ya que nunca se supo del paradero de este grupo de marroquíes cuyas familias lanzaron una señal de alerta a través de este periódico porque dejaron de tener contacto con ellos.

Los varones les informaron que iban a partir de Ceuta, pero tras aquel aviso nunca más se supo del paradero del grupo.

El condenado aceptó la pena de 2 años de prisión tras un acuerdo entre su letrado y la Fiscalía, que en su calificación provisional llegó a solicitar hasta 8 años de cárcel por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros agravado por existir peligro para la vida.

Esa pena, no obstante, es la que sigue manteniendo para el acusado que continúa escapado de la acción judicial.

En la operación llevada a cabo por el CNP hace dos años hubo tres detenidos, pero sobre uno de ellos se dictó auto de archivo durante el procedimiento desarrollado por el Juzgado de Instrucción número 6.

La UCRIF otorgó un papel a cada uno: el considerado jefe (declarado en rebeldía), el encargado de alquilar plazas en un garaje para esconder a inmigrantes y el que los controlaba.

La investigación partió de una declaración prestada ante funcionarios de la UCRIF de Málaga por una persona tras la desaparición de estos cinco chicos. En junio de 2022 se llegó a la fase estelar de la investigación con la entrada en varios domicilios a la vez para evitar posibles fugas, siendo la más relevante la practicada en la barriada de Loma Colmenar.

Se contó con declaraciones de testigos protegidos que sirvieron así para desarrollar las investigaciones.

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