Piden una condena por injurias graves a una inspectora médica

No se puede permitir el insulto a un funcionario público y mucho menos en su puesto de trabajo, vilipendiándolo delante de más personas. Es lo que este miércoles mantuvo el abogado de una inspectora médica del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) que denunció haber sido insultada en su puesto de trabajo en Ceuta por una paciente que había sido citada para la revisión de su baja médica y a la que, tras analizar su caso, le cursó el alta.

En su declaración, la víctima expuso ante la magistrada de lo Penal número 2 que la acusada expresó su malestar por esta decisión insultándole con términos como el de “hija de puta” mientras le señalaba con el dedo. Lo habría hecho fuera ya de la sala de consulta y esos insultos pudieron ser escuchados por quienes estaban allí presentes, bien compañeros de trabajo o bien otros pacientes. Su abogado, que ejerció de Acusación Particular en este procedimiento, considera que se está ante un delito de injurias graves por lo que solicitó que se impusiera a la acusada una pena de 1.500 euros de multa más otros 500 por daños morales.

¿Y qué dijo la acusada? Negó haber insultado a la médica o haberle levantado la voz, tan solo mostró su malestar presentando una queja y una reclamación porque consideraba que no se encontraba bien físicamente como para recibir el alta. Declaró que la inspectora médica le habría denunciado al tener conocimiento de la queja que había presentado, a modo de venganza.

En el juicio celebrado este miércoles prestaron declaración dos trabajadores que estaban en ese momento en el INSS, que coincidieron en manifestar que la acusada había proferido insultos, aunque variaron en el término despectivo que habría empleado y en el hecho de concretar si cuando se produjeron había o no pacientes esperando para entrar en la unidad médica.

La Acusación Particular solicitó la condena exponiendo que no se puede permitir este tipo de situaciones y calificando los insultos de graves. En esa gravedad encuadró también el hecho de que esa falta de respeto se hubiera producido en unas dependencias públicas, buscando socavar la dignidad del profesional y zahiriendo su autoestima delante de otros compañeros y pacientes. En su informe reclamó que este tipo de actos tuvieran un reproche penal.

Esta visión no fue compartida por la Fiscalía que destacó las discrepancias entre las versiones de acusada y víctima, sin quedar acreditado la entidad o gravedad de los insultos proferidos para mantener la existencia de unas injurias graves. La Defensa de la acusada, por su parte, pidió la absolución de su patrocinada al haber contradicciones que no podían sustentar una acusación en firme.