Categorías: Tribunales y justicia

Con la reforma de la Ley Orgánica Ceuta se quedaría sin Audiencia

Entraría en marcha un tribunal de instancia y las apelaciones de los casos irían a Sevilla

Anunciado el pasado viernes por el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha ocasionado, como una cascada, un sinfín de reacciones en España, la mayoría de ellas vertida por una grey judicial que se posiciona en contra de un proyecto que tiene como bandera otorgar la instrucción de los casos que estudie la Audiencia Nacional a un tribunal formado por tres magistrados en pos de acabar con los denominados ‘jueces estrellas’. La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial encomendaría también a tribunales colegiados la investigación de las macrocausas seguidas en el resto de España.
En este sentido es preciso señalar que Gallardón aboga por introducir el modelo de tribunales provinciales de instancia, que aprovechará las actuales sedes judiciales y acabará con los jueces de paz, y refuerza la protección de los jueces para evitar que sientan “gravemente” perturbada su independencia judicial, tal y como el propio ministro consideró.
Conocidas las bases principales del anteproyecto, surge la pregunta: ¿en qué afectaría la controvertida modificación a la plaza judicial de Ceuta? La Audiencia Provincial desaparecería (y por ende la  Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en nuestra ciudad) en detrimento  de los citados  tribunales provinciales de instancia.
Acerca del cambio de estructura, el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, el magistrado Fernando Tesón, entiende que “lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que tratar el asunto con cautela, puesto que se trata de un anteproyecto que aún debe de pasar diversas etapas para que cristalice, un hecho que pudiera retrasarse años; y lo segundo, que resulta imprescindible, es que en las personas que redacten el texto definitivo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siempre y cuando esto suceda, han de tener en cuenta que Ceuta no está para experimentos, que cualquier cambio que se pueda introducir y llevar a efectos es preciso que se piense muy, muy bien”, valora Tesón.
Asimismo, el presidente señala que otra de las novedades que sería patente con el cambio de organización judicial “es que si bien el ámbito penal seguiría siendo competencia de los juzgados y tribunales que operen en Ceuta, la apelación de los casos iría directamente a Sevilla”.
Por último, Tesón, quien se muestra “cauto”, “pero no por el hecho de que sea reacio a que la tecnología se adentre en la Justicia, sino todo lo contrario, sino porque aún no se han definido las líneas”, entiende que la Ley Orgánica del Poder Judicial “vendría a compaginar la labor que se supone se  hace mediante la Nueva Oficina Judicial”, puesta en marcha el pasado octubre en la plaza judicial de Ceuta y que, como ha informado estrictamente ‘El Faro’, tantas críticas negativas está cosechando.
Respecto a otras de las novedades del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobado el viernes pasado es preciso señalar, en primer lugar, que  desaparecerán las categorías de la carrera judicial, de tal forma que todos serán jueces, aunque con seis de años de antigüedad tendrán el tratamiento de magistrado de forma honorífica.
En segundo lugar, el anteproyecto indica que la estructura de cinco Salas del Tribunal Supremo (Civil, Penal, Contencioso, Social y Militar) permanece inalterada, aunque incorpora tres Salas Especiales de Conflictos (actualmente Tribunal y Sala de conflictos) para resolver los que se produzcan con otros poderes públicos, con la jurisdicción militar y entre juzgados de diferente orden jurisdiccional.
En tercer y último lugar, es preciso señalar que otra novedad es que aunque los aforados abandonen el puesto que les dio esa condición, seguirán siendo enjuiciados por el tribunal que les correspondía por ella, tal y como recogen ya algunos estatutos de autonomía, cuando el delito hubiera sido cometido en el ejercicio del cargo. De esta forma se evitarán, según Justicia, los retrasos en la instrucción que suponía que dejaran el escaño con la investigación ya avanzada.

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