Hace ya un mes que esta plataforma se echó a la calle -no sin antes haber tratado de encontrar soluciones por vías más diplomáticas- para reclamar que nuestras hijas y nuestros hijos estén atendidos como las leyes de nuestro país garantizan que deben estarlo, porque eso es lo que demandamos, ni más ni menos: que nuestros/as hijos/as disfruten de sus derechos educativos con todo lo que ello conlleva.
Hace ya un mes que se nos dijo que se iban a cubrir entre 2 y 4 plazas de fisioterapeuta que debían estar cubiertas desde el inicio del curso. Pues bien, hasta la fecha solo se ha cubierto una de ellas y pareciera que tenemos que dar las gracias y hacer reverencias. La demanda de estos profesionales no es un capricho que tengamos los/as padres/madres de estos alumnos/as, es una necesidad imperiosa, vital e inaplazable.
Hace un mes también que nos quejamos de la falta de cuidadores/as y que denunciamos evidencias de esa falta que se manifestaban de forma física en los cuerpos de nuestros/as hijos/as (y no precisamente porque llegaran manchados de “purpurina”). Parece que hicimos algo malo por contar nuestra verdad, la verdad de nuestros hijos/as, que en algunos casos no puede ser contada a través de su propio testimonio. Nos convertimos en el “enemigo” por ser el altavoz de los perjudicados en todo esto, que no son otros que nuestros niños/as. Señalamos un fallo estructural: la infradotación de personal que padece desde hace décadas el sistema educativo ceutí. Entendemos que los/as cuidadores del CEE San Antonio hacen un trabajo encomiable y que se dejan la piel para cuidar del alumnado del que son responsables. Asimismo, pretender que el “parche” que año tras año se pone a este fallo estructural con los planes de empleo sea aceptado como una solución digna por padres y madres del alumnado con necesidades educativas especiales es una broma de mal gusto, por no decir algo peor. Tergiversar nuestras quejas para tratar de enfrentar a padres/madres contra trabajadores/as es una estrategia ruin y zafia propia de quien pretende “echar balones fuera” en lugar de buscar una solución definitiva y real al problema que se denuncia.
Mención aparte merece también la cuestión del personal de enfermería. Ya se nos ha explicado que las plazas que quedan vacante por jubilación deben reponerse sacándolas a concurso público y que eso lleva su tiempo. Lo que nos preguntamos es si se piensa hacer algo mientras tanto o no. Actualmente el CEE San Antonio cuenta con una sola enfermera en activo. Si esta persona se levanta una mañana, se encuentra indispuesta y no puede acudir a trabajar ¿Quién ocupa su función? ¿Cuántos días estarían nuestros/as hijos/as sin atención sanitaria hasta que entrase alguien a cubrir la baja? ¿Sería legal que un centro de educación especial abriese esos días sus puertas si no puede garantizar la atención sanitaria de un/a DUE?
Nos invade una sensación de impotencia y hartazgo. Y es que, para nuestra estupefacción, ante nuestras quejas, algunos de los responsables con los que tratamos parece que por lo único que se preocupan -o por lo que más- es por decir: “la culpa no es mía”. Un posicionamiento a la defensiva que nos sorprende y nos disgusta a partes iguales. Nuestro objetivo no es el de señalar a posibles culpables, sino el de encontrar soluciones que vayan un paso más allá de los clásicos repetidos hasta la saciedad de: “es que no depende de mí, esto es lo que hay” y del “para el año que viene, a ver si está la cosa mejor (spoiler: no suele pasar)”.
De poco sirven nuevas leyes y reformas educativas que vendan a bombo y platillo una apuesta por la inclusión y por la diversidad si, a la hora de la verdad, en la práctica, a nuestros/as hijos/as se les da de lado. La educación inclusiva pasa sí o sí por la dotación de recursos necesarios para llevarla a cabo. Nadie puede construir un edificio de tres plantas si solo cuenta con materiales de construcción para los cimientos. Es materialmente imposible. Eso es lo que denunciamos, ni más ni menos.
