El sistema de pensiones español afrontará a partir de 2026 una de sus transformaciones más profundas. La modificación del cálculo de la jubilación, junto con la subida progresiva de la edad de retiro, marcarán un nuevo escenario para millones de trabajadores, también de Ceuta. El objetivo, según el Gobierno, es introducir más flexibilidad y equidad, adaptándose a carreras laborales cada vez más diversas.
Actualmente, la pensión se determina teniendo en cuenta la edad de acceso, los años cotizados y la base reguladora, que resulta de dividir entre 350 la suma de las bases de cotización de los últimos 300 meses (25 años). Las cotizaciones más recientes se computan de forma íntegra, mientras que las anteriores se actualizan con el Índice de Precios al Consumo (IPC).
Desde 2026, los futuros jubilados podrán escoger entre mantener el cálculo vigente —los últimos 25 años— o ampliar a 29 años de cotización, con la posibilidad de descartar los 24 meses de peores bases. En este caso, se tomarán 302 meses de cotización sobre los últimos 304 y se dividirán entre 352,33 para calcular la base reguladora.
Este modelo beneficiará especialmente a quienes hayan atravesado periodos de desempleo, salarios bajos o interrupciones en su vida laboral, al permitir excluir los años menos favorables.
No obstante, el cambio será gradual: según el Real Decreto-ley 2/2023, la implantación se extenderá durante 12 años, hasta consolidarse plenamente en 2037. Durante ese tiempo, los trabajadores podrán optar por el sistema más ventajoso para ellos.
Otro aspecto relevante son las llamadas “lagunas de cotización”, es decir, los periodos en los que el trabajador no cotiza. El sistema prevé que los primeros 48 meses sin aportaciones se cubran con la base mínima vigente, y los siguientes con el 50% de esa base. Esta medida evita que quienes han tenido interrupciones prolongadas vean reducida de forma drástica su pensión futura.
El proceso de retraso de la edad ordinaria de jubilación también continuará en paralelo. En 2026, quienes acrediten menos de 38 años y 3 meses de cotización deberán esperar a los 66 años y 10 meses para retirarse con el 100% de la pensión. Solo aquellos con carreras más largas podrán jubilarse a los 65 años.
El calendario culminará en 2027, cuando la edad ordinaria alcanzará los 67 años para quienes no superen los 38 años y 6 meses de cotización.
La reforma de 2023 introdujo otros cambios que también se irán aplicando progresivamente y que tendrán un impacto visible en 2026:
Incremento de la base máxima de cotización: seguirá aumentando cada año en función del IPC más 1,2 puntos adicionales. De forma paralela, las pensiones máximas se revalorizan con la inflación y un extra del 0,115% acumulativo anual desde 2025.
Cuota de solidaridad: esta cotización extra sobre los salarios que superen la base máxima arrancó en 2025 con un 1%. En 2026 seguirá siendo reducida, pero aumentará progresivamente hasta alcanzar el 6% en 2045.
Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI): introducido en 2024 con un 0,6% de cotización adicional, se incrementa en una décima cada año hasta situarse en el 1,2% en 2029. Su finalidad es reforzar el Fondo de Reserva de las pensiones, sustituyendo al antiguo factor de sostenibilidad de 2013.
Con estas medidas, el Gobierno busca garantizar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del baby boom. El nuevo modelo pretende equilibrar la carga entre trabajadores y pensionistas, adaptarse a trayectorias profesionales más inestables y asegurar que quienes más aportan reciban prestaciones acordes.
Lo que está claro es que, desde 2026, planificar la jubilación será más complejo y exigirá a cada trabajador analizar cuál de los sistemas de cómputo le resulta más beneficioso. La decisión que adopten en ese momento podrá marcar la diferencia en su pensión futura.
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