La Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Residuos Urbanos del Gobierno de Ceuta prevé convocar esta semana la reunión constitutiva de la Comisión que la Asamblea acordó por unanimidad crear a finales de septiembre para “analizar la forma de gestión más sostenible y eficiente” de gestionar la limpieza pública viaria y la recogida de residuos y de “elaborar la memoria justificativa que sirva de soporte a la correspondiente resolución del Pleno”.
Los integrantes de la comisión serán el propio Ramírez en calidad de presidente. La oficial mayor de la Ciudad, María Dolores Pastilla, ejercerá como secretaria y cada grupo político con representación en la Cámara regional tendrá un vocal.
El órgano se completará con cuatro técnicos: la directora general de Medio Ambiente, Cristina Zafra; el gerente de Acemsa, Juan Manuel Sánchez; un técnico de Administración General adscrito a la Consejería de Hacienda y un economista de la Intervención.
La Comisión debe concretar en un proyecto técnico, en principio antes de fin de año, pues el plazo que se le ha dado para terminar sus trabajos es de tres meses, “los medios, personales, materiales, tecnológicos y organizativos que deberían ser empleados para satisfacer las demandas ciudadanas y la mejora en la calidad del servicio, con sujeción, en todo caso, a las capacidades financieras y presupuestarias” de la administración local. También “el presupuesto que sería preciso dotar; la forma de gestión que, de las que permite la Ley, se considere más idónea; y el establecimiento de los mecanismos necesarios para garantizar los derechos adquiridos por los trabajadores”.
Después de años negándose a contemplar siquiera la posibilidad de municipalizar un servicio que durante las últimas décadas se ha prestado de manera indirecta, el Gobierno de Vivas ha aceptado calibrar esa opción “al objeto de impulsar una gestión socialmente responsable, eficiente y sostenible económicamente que consiga optimizar y rentabilizar los recursos públicos asignados a este servicio, que hasta el momento se viene prestando a través de diferentes vías”. El reto es “ofrecer mayores garantías y mejoras en cuanto a la calidad de la prestación del servicio y lograr así la satisfacción de nuestros vecinos”.
Actualmente el Ejecutivo local dedica unos 40 millones de euros al año (solamente Trace percibirá este ejercicio unos 26) a limpiar y adecentar las calles a través de la prestataria del servicio cuyo contrato venció hace 8 meses, pero también de Tragsa, Obimace, Obimasa, las Brigadas Verdes y los Planes de Empleo.
La Ciudad ya ha acordado tomar las riendas de dos de las tres patas del servicio que se encomendó en 2013 a Trace por 150 millones de euros para una década, cuyo presupuesto real se ha incrementado un 40% si se compara su primera anualidad con la actualmente en curso.
Por un lado, la administración va a construir una base municipal en el puerto con una inversión de algo más de 8 millones de euros. Por otro, va a comprar directamente la maquinaria. Para ello prevé un desembolso de 13,4 millones de euros (uno este ejercicio, nueve el próximo y 3,4 más en 2025). La licitación se prevé hacer en varios lotes (vehículos, maquinaria, contenedores y papeleras...).
Solo queda por decidir si se asume también la gestión directa del personal, que de acuerdo con el último censo sindical en Trace rondaría los 530 trabajadores.
Según el propio Gobierno de la Ciudad, los costes de personal suponen “el 90%” del coste del servicio. El presidente Vivas ha prometido a la plantilla de la actual prestataria respetar sus condiciones laborales y salariales, que han mejorado un 8,5% solo este año a pesar de que el nivel de absentismo laboral se cifra en un 16%.
El portavoz del PSOE en la Asamblea y encargado general de Trace, Juan Gutiérrez, se encontrará en el breve en el que ya estuvo uno de sus antecesores al frente de los socialistas ceutíes, José Antonio Carracao, si la Asamblea decide municipalizar el servicio de limpieza pública viaria.
La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) establece, como la de Bases de Régimen Local, que es incompatible ser concejal y “personal en activo del respectivo Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él”.
Por ello los miembros de las Corporaciones locales quedan en situación de servicios especiales cuando son funcionarios (o personal laboral) de la misma administración. El secretario general del PSOE debería, si la Ciudad asume al personal de Trace, aunque sea a través de una empresa municipal, como se hizo con los autobuses urbanos, renunciar al acta de diputado o a sus retribuciones de 59.500 euros anuales en la prestataria de la limpieza pública.
El Reglamento ya no contempla que se pueda, como antes, “optar entre percibir la cuantía de las indemnizaciones por asistencia a Pleno y Comisiones de las que formen parte que señale el Pleno o la cuantía que vinieran percibiendo por el desempeño de su puesto de trabajo.
El Tribunal de Cuentas (TCu) ha publicado este año un informe de fiscalización del control municipal sobre la prestación de los servicios de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos y mantenimiento de parques y jardines en ayuntamientos con entre 50.000 y 100.000 habitantes.
En sus conclusiones incide en que la administración local debe “estudiar la forma más eficiente de prestación de los servicios y justificar debidamente, cuando acudan a la gestión indirecta, la insuficiencia de los medios personales y materiales con que cuentan para cubrir las necesidades objeto de externalización, así como la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de dichos medios”.
También considera que hay que “establecer mecanismos de planificación y gestión de la actividad contractual que permitan concluir la tramitación y adjudicación de contratos con la debida antelación a fin de evitar la ejecución de gastos sin cobertura contractual como consecuencia de la expiración del término de contratos previos”.
Igualmente estima que los ayuntamientos tienen que “reforzar los medios personales y materiales con los que cuentan para llevar a cabo el control técnico sobre la prestación de los servicios, de forma que se logre un control adecuado, efectivo y eficiente, que permita detectar las deficiencias así como las posibles áreas de mejora en la ejecución de las prestaciones”.
“Se deberían incluir en los pliegos reguladores de los contratos”, razona, “cláusulas que detallasen suficientemente los mecanismos de control sobre la ejecución de los contratos, así como las obligaciones de los adjudicatarios para dar cumplimiento a dichas previsiones, estableciendo, en aquellos casos que proceda, las medidas a adoptar en caso de incumplimiento”.
Además, reivindica “todos los mecanismos de control que sean necesarios a fin de que se ejerza un control adecuado, efectivo y eficiente de la prestación de los servicios, y que permita detectar las deficiencias”.
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