La Comisión de Exteriores del Senado se opone a que el Gobierno rechace el "chantaje de Marruecos"

La Comisión de Asuntos Exteriores que se ha celebrado hoy en el Senado ha rechazado la moción de Vox por la que se instaba al Gobierno a no ceder ante el "chantaje reiterado de Marruecos" cuya consecuencia, entre otros, fue la entrada masiva de mayo en Ceuta. Una propuesta en la que también "se pedía al Ejecutivo que salvaguardará los legítimos derechos e intereses de España, y sus aguas territoriales, y que defendiera los intereses de los españoles protegiendo a los ciudadanos y las fronteras de Ceuta y Melilla".

El senador José Manuel Marín ha defendido la moción de Vox en la Comisión de Asuntos Exteriores. Ahí, ha recordado que hace más de un año y medio que el Gobierno marroquí aprobó dos leyes relativas a la extensión de sus fronteras marítimas, fijando como propias sus aguas territoriales en 12 millas náuticas a lo largo de toda la costa del Sáhara Occidental. Además, delimitaba en 200 millas náuticas su zona económica exclusiva, extendiéndose hasta las 350 millas de plataforma continental, adentrándose, así, en las 200 millas de España en Canarias.

Sin respuestas

Marín, senador por Murcia, ha recordado que el Gobierno de España solicitó a la ONU en 2014 la ampliación de su plataforma continental, para el caso de Canarias, alegando con informes científicos, que geológicamente el subsuelo al sudoeste de El Hierro no corresponde al continente africano, sino a la prolongación natural del archipiélago canario. Pero "hasta hoy, no se ha obtenido respuesta", ha lamentado Marín.

El interés de Marruecos por esas aguas, ha explicado el senador Marín, radica en que el antiguo volcán Tropic era una mina de telurio, cobalto y otros minerales. Según estimaciones que se han hecho, con el cobalto de Tropic podrían construirse 277 millones de coches eléctricos y la extracción del telurio daría para fabricar los paneles solares suficientes para cubrir la mitad del consumo eléctrico de Reino Unido.

"Es la única de las abuelas de Canarias que queda fuera de las 200 millas españolas, así como de la ZEE de Marruecos», ha recordado el senador. Es por ello que, en 2017, Marruecos pidió la ampliación de su plataforma continental para adquirir los derechos sobre el subsuelo, hasta las 350 millas y así lo ha señalado Marín. Sin embargo, ha reprobado que, «por lo hecho hasta ahora, el Gobierno español no tiene interés en defender los recursos naturales".

Piscifactoria

Así, el senador ha advertido que "Marruecos pretende obligar a España, por la vía de los hechos consumados, a aceptar todas las pretensiones provenientes desde el exterior». De hecho, ha recordado, «estas fronteras ya han sido delimitadas como marroquíes por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO". Por ello, Marín ha exigido al Gobierno que "actúe sin demora ni condescendencia, acudiendo a los mecanismos jurídicos internacionales que tiene a su disposición, para la resolución de esta crisis geopolítica".

Precisamente el segundo punto de la moción decía que "previo estudio y análisis jurídico de la situación, y de las posibles vías de actuación en relación con las iniciativas legislativas emprendidas por el Reino de Marruecos, en el ámbito de la delimitación de sus aguas territoriales, el Gobierno tome cuantas medidas sean necesarias para la salvaguarda de los legítimos derechos e intereses de la nación española y sus aguas territoriales". Y es que, tampoco ha olvidado el portavoz de Vox en la Comisión de Exteriores que, en marzo de 2019, el diario oficial del Reino de Marruecos publicó una orden ministerial por la que concedió a una empresa la autorización para la explotación de una piscifactoria en torno al cabo de l’Eau-les-Rochers.

"Patrulleros de la Armada y de la Guardia Civil han informado al Gobierno de esta situación, pues parte de las bateas de esta piscifactoria están en aguas españolas, pero el Gobierno no ha hecho nada», ha denunciado el senador de Vox en la Comisión. Se trata, ha advertido, de un «nuevo atentando contra nuestra soberanía" y “un posible atentado medioambiental en una zona de especial conservación como son las Islas Chafarinas”.