Como ya denunció AUGC hace un año, el Gobierno del Partido Popular ha decidido privatizar la seguridad de los centros penitenciarios. Si bien en un principio ralentizaron su plan para llevar a cabo dicha medida por la frontal oposición que encontraron en AUGC, ahora que las aguas se han calmado han decidido retomar el asunto.
Durante los últimos días han ido llegando a las diferentes Unidades de Seguridad Penitenciaria afectados por la privatización una orden de la Dirección General de la Guardia Civil anunciando que a partir del próximo 1 de abril se incorporarán a estas prisiones varios vigilantes de seguridad privada como “refuerzo a los componentes de las FCSE que prestan servicio en los centros penitenciarios”.
En principio esta experiencia piloto de privatización de la seguridad afectará a veintiún centros penitenciarios, de los que dos corresponden a Policía Nacional y diecinueve pertenecen a Guardia Civil. Estas son las prisiones de Alicante II, Algeciras, el Puerto I y II (Cádiz), Castellón I y II, Córdoba, Pamplona I, Huelva, Teixeiro (A Coruña), León, Logroño, Mallorca, Murcia II, Dueñas (Palencia), A Lama (Pontevedra), Topas (Salamanca), Sevilla II, Valladolid, Zaragoza y Daroca (Zaragoza).
En dicho documento se afirma que “en ningún caso supondrá una reducción de efectivos de las Unidades de las FCSE, tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en la fase inicial, considerada como experiencia piloto”, pero a continuación añade que “en un futuro, en función de los resultados de esta experiencia y de las disponibilidades presupuestarias, podría iniciarse una sustitución progresiva de las FCSE por miembros de la seguridad privada”.
AUGC no tiene ninguna duda sobre la intención final del Gobierno: privatizar la seguridad en las prisiones, porque de no ser así no habría adoptado la medida que comienza el 1 de abril, sobre todo teniendo en cuenta que las Unidades de Seguridad Penitenciaria no precisan actualmente ningún refuerzo, y mucho menos de vigilantes de seguridad priva-da.
Esta decisión confirma lo que AUGC denunció hace un año, que la intención del gobierno popular de ‘recolocar’ al personal de las empresas de seguridad privada afectadas por la reducción de escoltas en el País Vasco no era sino una burda excusa para llevar a cabo la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios, porque, como ha podido saber la Organización, no son esos escoltas los que van a incorporarse a las prisiones afectadas, sino vigilantes de varias empresas de seguridad privada que han constituido una UTE (unión temporal de empresas) para hacerse con este suculento negocio.
Cuando este plan de privatización avance y entre en fase de “sustitución progresiva” afectará a cerca de dos mil guardias civiles en todo el país. Unos trabajadores que se sienten engañados por el Partido Popular, puesto que en el programa electoral con el que esta organización concurrió a las elecciones generales no constaba que tuvieran la intención de adoptar dicha medida. De hecho, en reiteradas ocasiones los máximos representantes del PP han negado que fueran a privatizar servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o la seguridad, pero ahora ha quedado claro que sí van a hacerlo.
AUGC no descarta que este afán privatizador alcance también a otras unidades y servicios de seguridad, ya sean de la Guardia Civil o de otros cuerpos policiales. Estamos viviendo una etapa de continua privatización de los servicios públicos en este país y es deber de todos los españoles de pelear para que servicios básicos como la sanidad y seguridad ciudadana no pasen a manos de empresarios que sólo tratan de pagar dinero con la salud y seguridad de los ciudadanos.
