Hoy comienza a debatirse en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, presidida por el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una norma que ayudará a solucionar las disfunciones jurídicas que se dan en el Estatuto de Autonomía de Ceuta aprobado en 1995.
En esta primera sesión estará presente el consejero de Programación y Relaciones con otras Administraciones, Francisco Márquez. El proyecto de Ley incluye un apartado específico, concretamente la Disposición Tercera, que supondrá un “importante avance” para la autonomía de Ceuta y de Melilla, ya que ayudará a definir con más precisión la naturaleza jurídico y la singularidad de ambas.
Lo esencial de esta disposición es que diferencia a las ciudades autónomas de los entes locales y de las comunidades autónomas, prestando especial atención a la singularidad de ambas.
Por un lado, en la nueva Ley que pretende aprobar el Gobierno central queda claro que la legislación de régimen local no será de aplicación en la organización o el funcionamiento de las instituciones de las ciudades autónoma, sino que lo serán los estatutos de autonomía, a cuya aplicación se otorga más eficacia.
Del mismo modo, la Disposición Adicional concreta que las ciudades autónomas, además de regirse por la legislación financiera y disponer de recursos propios de los entes locales, también disponen de fondos de las Comunidades Autónomas, como el Fondo de Compensación Territorial.
