Comerciantes dicen que quien tiene que pagar la vigilancia es el dueño de los bultos del Biutz

Aseguran que toda  la mercancía que pasa por el Puente es de “empresarios ajenos a los polígonos, a Ceuta  y por tanto marroquíes”.

La “mayoría” de los comerciantes asentados en los polígonos del Tarajal se opone a sufragar la contratación de la seguridad privada porque su mercancía, ha precisado, “no pasa por el puente del Biutz”, según el sondeo realizado ayer por Mohamed Ahmed, presidente de La Chimenea.
El colectivo sostiene que quienes tienen que pagar esta vigilancia “son los que están usando el Biutz: el cien por cien de los productos son de empresarios ajenos a los polígonos, a Ceuta y, por tanto, de Marruecos”, según la opinión de los comerciantes consultados. “¿Por qué vamos a pagar nosotros cuando se están beneficiando otros?”, se preguntaron.
El empresariado criticó que sus productos no cruzan el Biutz y, sin embargo, los fardos de “ropa nueva de China” tienen “preferencia”. Una prioridad que, a juicio de la mayor parte de esta comunidad, en función de sus cálculos, queda demostrada en la disposición de la circulación de los porteadores dentro del recinto, tanto hombres como mujeres. “Se permite que lleguen con las manos vacías hasta La Chimenea y la Fase II donde cargan los bultos en las consignas”, lamentaron quienes se declaran afectados por esta situación.
La Junta de Seguridad acordó este jueves analizar todas las “cuestiones jurídicas” relacionadas con la “necesidad de volver a implantar sistemas de seguridad privada en los polígonos” que permitan a las fuerzas y de seguridad “centrarse en las cuestiones relacionadas con la seguridad”. La Comunidad de Propietarios rompió el contrato con la compañía que ofreció este servicio durante 2014, Seguriber, porque, argumentaron, no podían afrontar las facturas. Una empresa que dejó una coordinación y un control sobre el tamaño de los bultos que no ha sido superada por los medios actuales y que devolvió cierta calma al comercio transfronterizo. La Delegación del Gobierno aseguró en aquel momento que obligaría a los comerciantes a contratar la vigilancia en base a la Ley 5/2014 y un acuerdo que data de 2009. Algo que nunca se hizo.
Por otra parte, estos comerciantes también recriminaron que la Administración siempre hable del control sobre la ropa usada cuando, puntualizaron, “nada sale por el Biutz, sino por los vehículos porque no nos dejan pasarla por el Puente”.