El comedor del
colegio Ortega y Gasset permanecerá cerrado durante el próximo período estival como consecuencia de los trabajos de retirada de amianto. “La Ciudad manifestó su compromiso de quitar los techos de uralita durante el verano y, por lo tanto, este año no se podrá ofrecer este servicio”, adelantaba ayer en la Voz del Faro el consejero de Educación y Cultura, Javier Celaya.
No obstante, las plazas no se reducirán y se prestará el servicio al mismo número de alumnos que en los años anteriores. Por ello, aunque Celaya confesaba que este asunto todavía no está resuelto, se buscará la fórmula para que los estudiantes que lo deseen puedan seguir disfrutando del programa estival. “Desconocemos todavía cómo se va a hacer, lo estamos estudiando, pero buscaremos el modo para que puedan acudir a otro centro que disponga de este servicio”.
El consejero también comentaba que dichos comedores este año se verán obligados a recortar la programación de actividades lúdico-educativas como consecuencia de la reducción de personal del Convenio MECD-Ciudad para desempeñar este trabajo. “El próximo curso se iniciará el programa de gratuidad de libros y buena parte de los efectivos del Convenio tendrán que prestar apoyo para su puesta en marcha, por ello, quizá haya una limitación de actividades o queden restringidas en el tiempo, es decir, a los meses con menos afluencia de alumnos”, señalaba.
Una de las grandes novedades con las que arrancan los comedores este año será la externalización. Asuntos Sociales y Educación se comprometieron hace ya un año a externalizar mediante licitación el servicio de comedor de verano para jóvenes con necesidades, que ha venido teniendo una asistencia media diaria de entre 300 y 400 niños. Esta “excepcionalidad” del programa de apertura veraniega ya se ha puesto en marcha, apuntó Celaya, y Asuntos Sociales, gestora del servicio de comidas, ha licitado el contrato para una empresa concesionaria.
Por otra parte, la Ciudad también quiere “reflexionar” sobre por qué se registran “fuertes oscilaciones” entre unos meses y otros para aclarar “cómo pueden familias supuestamente en estado de gran precariedad recurrir sólo en determinados periodos al mismo”.La Consejería de Educación todavía desconoce cómo se va repartir a los alumnos afectados.