Asistimos estos días a todo un espectáculo mediático, judicial y parlamentario para desacreditar y tumbar una ley democrática, a saber, la Ley de Libertad Sexual, conocida como la Ley de “solo sí es sí”, que se hizo para defender a las mujeres de los agresores sexuales. La excusa. La confusión generada por algunos jueces, que haciendo una interpretación particular del principio penal de retroactividad favorable al reo, han rebajado las penas a algunos violadores. Hasta ahí, no hay nada particularmente extraordinario. Cuando, valiéndose de estas interpretaciones, de algunos jueces, no de todos, se intenta desacreditar a un gobierno entero y se abre la veda para lanzarse como una auténtica jauría a la “caza” de la ministra Irene Montero, la cosa es distinta. Y cuando se utiliza el Parlamento para cruzar todas las líneas rojas existentes del respeto a los demás y del comportamiento democrático, el asunto empieza a ser más serio.
Jurídicamente, el problema está en que la nueva ley refunde conductas que antes estaban separadas. Así, eliminó los denominados “abusos sexuales” y denominó todos los delitos como “agresión sexual”. Esto condujo a una horquilla de penas más amplias, con unos mínimos más bajos, a consecuencia de mezclar conductas castigadas con penas distintas. Aunque el Código Penal, en su Disposición Transitoria 5ª indica que la ley posterior no será más favorable al condenado si con ella se puede imponer la misma pena anterior, por situarse en la horquilla entre la pena mínimas y la máxima de la nueva regulación; sin embargo, esto hubiera estado mucho más claro si se hubiera introducido en la Ley una Disposición Transitoria Segunda estableciendo la transición entre un Código y otro. Pero esta opinión de algunos de los expertos no es compartida por todos. De hecho, hay jueces que no están rebajando penas. Por tanto, habrá que estar a la unificación de doctrina del Tribunal Supremo y a los cambios normativos que se hagan.
El pasado 25 de noviembre era el día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, que debe servir para visibilizar la realidad que sufren muchas mujeres en nuestra sociedad. No se trata de un problema intrafamiliar, como defienden los fascistas de la extrema derecha. Es machismo puro y duro el que está en el origen de esta violencia física, psicológica, económica o sexual frente a las mujeres. Por tanto, es contra este machismo contra el que hay que luchar. De ahí el valor de la Ley del “solo sí es sí”.
Desde 2003, han sido asesinadas en España 1.166 mujeres y 47 niñas y niños. En lo que llevamos de 2022 han sido 36 las mujeres asesinadas, que dejan 24 hijos e hijas huérfanas. En Andalucía han sido 9 las mujeres asesinadas y 6 los hijos e hijas huérfanas. Y frente a ello no valen los discursos negando la existencia de una violencia específica contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, ni las políticas que recortan en recursos públicos la atención a las víctimas. No es posible una sociedad democrática sin la libertad y la igualdad de las mujeres.
El negacionismo, que es el que practica la extrema derecha fascista, oculta la realidad, no protege a las mujeres de sufrir violencia y solo sirve para amparar y justificar el machismo, la discriminación y la violencia de género. Por tanto, estos discursos han de ser desterrados de nuestras instituciones, porque hacen daño a la sociedad. Eliminar el teléfono de la violencia intrafamiliar en Andalucía y poner en marcha Centros de Crisis 24 horas para mujeres víctimas de agresiones sexuales, sería un paso importante.
Nuestra derecha, aparentemente más moderada que la extrema derecha, lleva cuatro años negándose a permitir la renovación del Poder Judicial. Pero también votaron en su día contra el divorcio, contra el aborto y contra la ley de igualdad entre hombres y mujeres y contra la de libertad sexual de las mujeres. Y la extrema derecha fascista, no solo ha votado también en contra de estas leyes, sino que a través de diputadas de oscuro pasado, como Carla Toscano, se permitieron llamar “libertadora de violadoras” a la ministra Irene Montero y se volvieron a inmiscuir en su vida privada. Y no es la única intervención insultando y faltando el respeto a los miembros del parlamento o del gobierno.
Ya podemos comprender que ante situaciones de extrema violencia verbal y en tiempos de crispación, quizás la prudencia y la tranquilidad es lo que aconsejan algunos. Sin embargo, esto no es suficiente, pues negarse a que se den este tipo de conductas es consustancial a la democracia. Si no se hace de forma contundente, la situación irá a más y el envalentonamiento de estos fascistas de “bote” irá en aumento. Solo no es no. Y esto implica aplicar los reglamentos de las cámaras, en el caso del Parlamento, o los códigos deontológicos, en el de los medios de comunicación. Si no se hace y la violencia pasara de ser verbal a ser física, está claro que la responsabilidad recaería sobre los que, pudiendo, no hicieron nada por impedirlo. Aún estamos a tiempo.