Colaboración institucional

Hay cuestiones básicas que por su indudable valor a favor de la ciudadanía deberían ser objeto de colaboración institucional, sin discusión de ningún tipo. Es el caso de la ciencia, la sanidad pública o el sistema de pensiones. Sin embargo, aun así, siempre hay matices y discrepancias, derivadas de las legítimas diferencias ideológicas. Pero ¿son suficientes para justificar un enfrentamiento político institucional? Esto depende del caso. También de la estrategia electoral que se tenga.

Es una evidencia contrastada que la derecha y la extrema derecha de nuestro país, se han instalado en el negacionismo y en la falta de colaboración. Sus infantiles argumentos son claros. Todo lo que venga del gobierno de coalición, ha sido pactado con los enemigos de España y con los amigos de los terroristas. Por tanto, recurriendo a los tribunales (por eso se niegan a que se renueve el Consejo General del Poder Judicial) y negándose a colaborar, se hace un bien al país. El problema es que hay ciudadanos que se dejan llevar por estos argumentos y les votan, pese a que esta estrategia es mala para los intereses generales como nación.

Pero el caso del proyecto Ifmif-Dones parece que va a resultar un modelo de cómo las instituciones y los gobiernos deben afrontar los retos colectivos. Para ello ha llegado hasta Granada la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que en un acto conjunto que ha estado presidido por el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, y por la propia ministra, han apoyado el convenio de cesión de terrenos para la instalación de un acelerador de partículas en el Parque Metropolitano, Industrial y Tecnológico de Granada, situado en Escúzar, que han firmado el alcalde de esta localidad, Antonio Arrabal Saldaña, y el director del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Carlos Alejaldre.

La infraestructura científica del Ifmif-Dones (International Fusion Material Irradiation Facility-Demo Oriented Neutron Source) tiene como objetivo averiguar, mediante el uso de un acelerador de partículas, la fusión de flujos de neutrones que se utilizarán en un futuro, para contribuir a conseguir una energía sostenible y abundante. Se ubicaría en Escúzar y es parte de un proyecto internacional. Está calificado como el proyecto científico más importante en la actualidad en España. Lo que se instalaría en Granada, caso de ganar el concurso internacional, sería el simulador de ensayos de irradiación para recrear las condiciones del interior de un reactor de fusión. Se trataría de una inversión de unos 650 millones de euros. Para ello, se tenían que dar estos primeros pasos, en los que colaboran a partes iguales Gobierno y Junta de Andalucía, que permitirán que los primeros edificios del proyecto se construyan en el segundo semestre del año. Que todas estas instalaciones estén cerca de la Universidad de Granada, no es casual.

En un acto previo, en el que estaban presentes gentes del mundo de la universidad y la investigación, la ministra de Ciencia e Innovación nos dijo que gracias a la pandemia y al volcán de la Palma, la Ciencia se había situado en el lugar que se merecía, al haber demostrado que sus estudios y sus predicciones, podían ayudar a evitar miles de muertes. Los sectores tradicionales, como la agricultura y el turismo, no están reñidos con la innovación y el progreso científico, sino que tienen que ir de la mano. En ello tenemos que trabajar todos conjuntamente y aprovechar la cantidad de recursos que van a llegar de Europa para combatir el cambio climático y los efectos de la pandemia.

Pero, si de interés ha sido este acto y ejemplo de colaboración institucional a favor de la ciencia, también lo fueron las palabras de la ministra, en las que hizo un esbozo de su proyecto de Ley de la Ciencia y de cómo estaban estudiando resolver la precariedad de la mayoría de nuestros científicos. Sobre todo los más jóvenes. Nos dijo que la precariedad era una realidad y que la obligación del gobierno era resolver este problema, para intentar conseguir que los jóvenes investigadores pudieran tener un proyecto de vida.

Palabras sin duda gratificantes para muchos de los jóvenes científicos allí presentes, que pronto tendrá su prueba de fuego cuando, a consecuencia de la reforma laboral, no se puedan realizar más contratos de obra y servicio para cubrir las necesidades de los proyectos de investigación y se tenga que poner en marcha una nueva figura que dé esta necesaria estabilidad laboral a los investigadores.

Evidentemente, no sabemos qué pasará en el futuro próximo con el proyecto de modificación de la Ley de la Ciencia. Pero, las palabras de la ministra Diana Morant, ingeniera de telecomunicaciones y antigua alcaldesa de Gandía, fueron convincentes para muchos de los presentes. Esperemos que se cumplan sus deseos. Por el bien de la ciencia y por el futuro de nuestros científicos.