Como era de esperar, las negociaciones entre el PSOE y el PP para renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han saltado por los aires. La excusa del Partido Popular y de su actual líder, Alberto Nuñez Feijóo, han sido, en esta ocasión, las negociaciones que el Gobierno de España ha comenzado con otras fuerzas políticas, en concreto, ERC, para modificar el Código Penal español y homologarlo a las legislaciones europeas en lo referente a los delitos de sedición y rebelión. Antes, desde este grupo se habían puesto otras condiciones, más o menos pintorescas, para seguir incumpliendo la renovación, como que Podemos saliera del Gobierno o que fuesen los jueces, exclusivamente, los que eligieran a todos los miembros del CGPJ.
El artículo 122.3 de la Constitución Española establece: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio de su profesión”.
Las consecuencias prácticas de todo esto, no solo afectan a los Jueces y Magistrados. También afectan a los ciudadanos. Un ejemplo. De cuando ejercía de abogado para Comisiones Obreras, quedan aún algunos casos en el Tribunal Supremo. Uno de ellos podría afectar al futuro profesional de más de cien trabajadores. El problema es que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo es una de las más afectadas por el bloqueo, dado que se han jubilado varios Magistrados. El colapso en el dictado de sentencias es absoluto. En el caso que expongo, ya han pasado más de dos años.
Los filibusteros eran piratas que actuaban por su cuenta y se dedicaban a saquear localidades costeras en el Mar de las Antillas. También se usó el término para referirse a hombres que iniciaban guerras con ejércitos privados sin autorización oficial de un gobierno legítimo. Por su parte filibusterismo es una técnica específica de obstruccionismo parlamentario, mediante la cual se pretende retrasar o enteramente bloquear la aprobación de una ley o acto legislativo. Casos famosos fueron los empleados para frenar la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 en los Estados Unidos.
“La derecha más retrógrada y rancia de España, en la que se encuentran los extremistas, llevan practicando el filibusterismo más descarado”
En el presente caso, es evidente que la Constitución Española ha diseñado un sistema de elección de los miembros del Poder Judicial, que será más o menos acertado, pero que es el que hay. Y que el Partido Popular, que ahora reclama cambiar, no cambió cuando pudo hacerlo. Pero el sistema actual es una norma constitucional que están obligados a cumplir todos los grupos políticos presentes en nuestro Parlamento. Evidentemente, al ser necesaria una mayoría de tres quintos, no hay forma de que se haga sin la anuencia del Partido Popular. Es decir, es exclusivamente el Partido Popular el grupo político que incumple la Constitución en este momento. O dicho de otra forma. Además de ser el único Partido condenado por corrupción, es también el que incumple nuestra norma de mayor rango, la Constitución Española.
Y esto es así porque en el nombramiento de los nuevos miembros del Poder Judicial no deben entrar otras cuestiones. De lo contrario, la gestión legislativa y política del grupo que legalmente tiene encomendada la gestión del Gobierno de España, quedaría condicionada a las ocurrencias del otro grupo. Es decir, el Partido Popular y su líder, Alberto Nuñez Feijóo, están chantajeando a la democracia española y causando un gran perjuicio a las instituciones.
A la luz de las reacciones en los medios a esta última “jugada” del Partido Popular, es evidente que, como se dice desde el Partido Socialista, al Sr. Feijóo le han temblado las piernas al pensar que si firmaba el pacto, se estaría granjeando la enemistad de la derecha más radical y rancia de España. Y esto sería letal para su carrera política, que algunos dan por amortizada, y otras, como Ayuso, esperan con ansiedad que así sea.
En resumen, la derecha más retrógrada y rancia de España, en la que se encuentran los extremistas que siguen apoyando el Golpe de Estado de Franco, llevan practicando el filibusterismo más descarado, ilegítimo y casi ilegal, desde hace ya bastante tiempo, para impedir que se renueven los miembros del Poder Judicial y, por tanto, la democracia se desarrolle plenamente y las instituciones del Estado funcionen con normalidad.
En el fondo, nunca han creído en la democracia. Solo la han usado para beneficiarse ellos y a sus propios amigos.