La aplicación del Decreto Ley que amplía la jornada a los empleados públicos de diversos sectores de la administración local, que por sus características tiene un modelo de jornada laboral singular (en especial, Policía Local y Bomberos, sin olvidarnos de otros servicios que también están afectados por esta medida como Cementerio, Museo, Menores, Conductores, Biblioteca.... Que también son empleados públicos), está resultando muy conflictiva y como consecuencia de ello, está cundiendo el nerviosismo y la confusión entre los colectivos afectados, y la perplejidad entre la ciudadanía en general. A la vista de cuanto está sucediendo quizá sea conveniente hacer una reflexión que, a modo de resumen, ayude a
clarificar las cosas.
En primer lugar, y a modo de introducción, es conveniente señalar que la responsabilidad y la inteligencia son dos cualidades muy recomendables en cualquier actividad humana, que en el sindicalismo se convierten en requisitos indispensables. El sindicalismo bien entendido, y bien ejercido, es aquel que permite a los trabajadores avanzar en la mejora de sus condiciones laborales, sociales y económicas, hasta el máximo posible en cada momento y coyuntura. No es mejor sindicalista el que más pregona, promete o reivindica; sino el que más consigue. La cualidad del buen sindicalismo está en saber diagnosticar cada situación concreta y actuar del modo más inteligente posible para alcanzar lo máximo. Pero si se desborda del marco de las posibilidades reales y se despiertan falsas expectativas, se conduce a los trabajadores a un estado de frustración que ocasiona enormes perjuicios para todos, presentes y futuros.
Es así mismo, muy importante, hacer otra consideración previa. Estamos viviendo un momento especialmente difícil y complicado en nuestro país, en el que muchas de las cosas que dábamos por seguras se ven desmoronarse a un ritmo trepidante ante la estupefacción generalizada. La anulación de Convenios Colectivos, la modificación de condiciones laborales por decreto, la supresión de retribuciones sin la menor negociación (paga de Navidad, por ejemplo), eran cosas impensables hace muy poco tiempo, y sin embargo están pasando. Es necesario hacer un esfuerzo de “reciclaje” para entender que quizá lo que hasta ayer valía hoy ya no vale. Nuestra Ciudad no es una excepción.
En este escenario, el Gobierno de la Nación impone por decreto un incremento de jornada para todos los empleados públicos de España. Esto se lleva a cabo de manera directa en el caso de aquellos que tienen una “jornada ordinaria” (entrando antes y saliendo después); pero es más complicado hacerlo en aquellos casos en los que, con motivo de las características del servicio, la jornada ya era superior y por este motivo se percibía una parte de la retribución. El primer objetivo sindical, desde la perspectiva de CCOO era lograr que ningún funcionario viera mermado, aún más, su salario (es preciso recordar la reducción del 5% en 2010, la supresión de 50% de la Jornada Especial y Partida a un número importante de funcionario de la Ciudad y sin olvidar la perdida de la paga extraordinaria de navidad). El problema surge cuando se debe establecer la lógica contrapartida. CCOO, consciente de la dificultad de traducir en horas anuales concretas para cada funcionario el aumento de una jornada en un servicio muy complejo (trabajo en festivos, turnos, etc ...), y tras muchas negociaciones con la administración y conversaciones con otros sindicatos, llegamos a la conclusión que lo más favorable es acordar con la administración el compromiso de “asumir algunos servicios extraordinarios”. Es un acuerdo menos malo en las circunstancias actuales que, sin embargo, no fue muy bien comprendido al extenderse el rumor de que el acuerdo suponía un aumento de 14 jornadas al año. Nada de esto era verdad. CCOO no lo hubiera aceptado. Comenzó a cundir la confusión. Algunas voces empezaron a plantear la posibilidad de que “todo quedaría como estaba”, que “a policías y bomberos no debía afectarles para nada la ampliación de horario decretada”. CCOO explora ante la administración tal posibilidad y debe decir con honestidad y responsabilidad que el Gobierno de la Ciudad no acepta esta posición bajo ningún concepto. Según ellos, además de vulnerar la ley establece agravios comparativos inaceptables con otros colectivos. CCOO ante los informes jurídicos de su Gabinete Central entiende que este es el tope de la negociación. Y así lo traslada a los afectados.
Podíamos haber adoptado una postura falsamente reivindicativa que nos dejaría como un sindicato muy combativo: “no aceptamos nada que perjudique siquiera ligeramente a los trabajadores”. Pero sería una irresponsabilidad: ganar fama a cambio de engañar a los trabajadores. CCOO conscientemente jamás se deslizará por esa pendiente.
La aplicación del decreto ya ha tenido consecuencias en cualquier caso:
-Reducción a la mitad de la Jornada Especial - ,inteligente es minimizarlas yeso es lo que pretende CCOO. No obstante, ante las discrepancias surgidas, y en aras a buscar la mejor solución posible, CCOO plantea que el acuerdo sea “voluntario” de forma que cada funcionario elija mantener sus retribuciones y participar en la cobertura de servicios extraordinarios, o no hacerlo y perder parte del complemento. No ha sido posible llegar a un acuerdo. Ante esta situación, la administración ha decidido aplicar el recorte salarial, doloroso para muchos compañeros. Estamos en punto muerto, porque así lo ha decidido la mayoría de la parte social. Esta situación nos perjudica enormemente. Abre brechas ente nosotros y beneficia al Gobierno que cada día que pasa se siente más cómodo.
Añadir que similares acuerdos se han llevado a cabo en algunos Ayuntamientos de nuestros entornos, en peores condiciones para los empleados públicos, que las planteadas por CCOO, y además con el consenso de todos los sindicatos, incluido UGT.
CCOO considera que es preciso recuperar la unidad de acción inmediatamente, analizar con serenidad la situación y procurar desbloquear el asunto materializando el mejor acuerdo posible, no el acuerdo ideal imposible.
