La labor de prevención y detección de la violencia sobre menores que en los últimos días han desgranado psicólogos, docentes o profesionales sanitarios puede converger en una acción judicial contra el maltratador y, en paralelo, en otra que garantice la protección de la víctima.
Algunas de las claves de ese mecanismo de cobertura legal las expuso ayer Javier Rubio, psicólogo forense del Equipo Psicosocial del Juzgado de Ceuta, en su ponencia Evaluación forense de menores víctimas de violencia doméstica.
El primer eslabón en esa cadena acaba de ser reformado. Hasta el pasado día 16, recordó Rubio, las actuaciones se repartían entre el Instituto de Medicina Legal y los servicios sociales y psicosociales. “Pero la Administración se ha cansado de dispersar recursos”, aseguró, y ahora el peso de todo el proceso recaerá sobre los primeros. En el caso de Ceuta, todo queda supeditado a las nuevas Unidades de Valoración Forense Integral que impulsó el cambio legislativo de octubre de 2013.
A partir de ahí, abordó los detalles procedimentales que abarcan desde la fase de recepción de la información hasta las entrevistas que se entablan con maltratadores y víctimas, para concluir en la defensa del informe en la sala encargada de dictar sentencia. En toda esa fase resulta trascendental no apartarse del código deontológico, el mismo que, subrayó, establece como prioridad absoluta la defensa del interés del menor. Y todo ello partiendo del principio básico de que no existen dos casos similares, de ahí que la actuación judicial no pueda basarse en normas fijas sino que obliga a adaptar la respuesta a cada escenario.
En Ceuta, según Rubio, la sintomatología de la violencia en el entorno familiar no arroja rasgos específicos, asemejándose al de otro tipo de maltrato. También alertó de que en casi la mitad de los casos ni siquiera arrojan síntomas evidentes y de que la indefensión en la que puede caer el menor se vuelve el germen de agresiones futuras.
