Las claves: de la fianza que debe pagar la Ciudad a la claridad sobre los políticos

En estas 4 claves se recogen hechos interesantes a tener en cuenta en la calificación del Ministerio Fiscal en el caso Emvicesa, uno de los casos más mediáticos de Ceuta. Por ejemplo, no solo el dinero que tendrá que presentar la Ciudad como fianza por ser responsable civil -hasta 6 millones que ya ha requerido el juez- sino también cómo en el caso de los políticos que tuvieron voz en la Comisión de la Vivienda no hay rastro de los delitos de malversación o de tráfico de influencias.

¿Qué pasa con los acusados que tenían un papel político?

Desaparece la malversación y el tráfico de influencias, pero Fiscalía introduce la existencia de una organización criminal

Es una de las claves de la calificación fiscal: introduce la existencia de una organización criminal de la que también formarían parte los políticos que tuvieron un papel en la Comisión Local de la Vivienda. Pero desaparecen los delitos de tráfico de influencias y de malversación por los que venían acusados. Para Susana Román, Rabea Mohamed y Mohamed Alí pide prisión e inhabilitación, incluyendo la organización criminal de la que no había rastro durante la larga instrucción llevada a cabo. La diferencia entre Román y el resto radica en que a la que fuera presidenta de la comisión le relaciona con una falsedad documental aunque todos los pasos que se daban venían avalados por técnicos jurídicos, ya que el papel de Román por aquel entonces era mero político.

Al desaparecer de las acusaciones el tráfico de influencias queda claro que no podía existir una implicación en la entrega a dedo de las viviendas en la que estuvieran implicados estas tres personas. Algo de lo que ya se alegraba en su perfil de Facebook el propio Alí nada más conocer el contenido de la calificación del Ministerio Fiscal al quedar en evidencia, de acuerdo con el escrito, que no había, por su parte, una compra o venta de casas.

Apertura de juicio oral y fianza a la ciudad

El Ayuntamiento tiene que presentar una fianza de 6 millones como responsable civil

El titular del Juzgado de instrucción número 3 dicta auto de apertura de juicio oral que tendrá que ser señalado por la Audiencia y considera como responsable civil a la Ciudad Autónoma a la que le requiere que ingrese 6 millones de euros al ser Emvicesa un organismo autónomo dependiente de la institución municipal. Además de al Ayuntamiento también se considera responsable civil a la empresa que creó López en la Costa del Sol llamada ‘Time to Buy’.

Dos acusaciones

Fiscalía y Acusación Particular en el proceso 

Las distintas defensas personadas en este procedimiento para defender los intereses de los acusados chocan con el muro de la acusación, representado por la Fiscalía y la Acusación Particular. La estructura que sostiene ambas acusaciones es similar, ya que consideran la existencia de una estructura que funcionó para que así se pudiera mantener una adjudicación irregular de viviendas en la que pesaba el pago de un dinero antes que cumplir con los criterios para recibir una de ellas. Esas calificaciones se nutren de las investigaciones que en su día llevó a cabo la Policía Nacional que siguió las directrices judiciales en una de las instrucciones más extensas de las hasta ahora conocidas.

Los que conseguían las casas

Un rosario de personas que habrían pagado por una vivienda 

En la instrucción aparecen decenas de personas que se enfrentan a delitos de cohecho porque habrían abonado un dinero para obtener una vivienda de manera irregular, es decir, sin seguir los cauces legales establecidos. Se supone que hubo pagos de hasta 20.000 euros por tener una prioridad en esa recepción de la vivienda, a sabiendas de que se disponía de un entramado que iba a favorecer que la entrega se llevara a cabo. En el procedimiento hay testimonios de personas que confesaron haber pagado una de esas viviendas y haber hecho entrega del dinero a los supuestos enlaces para los cobros que tenía López o al mismo López. Consta como parte de la investigación abundantes seguimientos e intervenciones telefónicas a los que habrían efectuado pagos para disponer de una vivienda. El escándalo saltó con la denuncia que la propia Ciudad Autónoma presentó en el juzgado y que favoreció el inicio de todo el procedimiento.