155 subsaharianos, camuflados por la niebla y la ausencia de GRS, consiguieron entrar en Ceuta por el control de Benzú. Tras lograr pasar en nuestra ciudad, estas son las claves tras su entrada en España.
Una vez que los inmigrantes entraron en el CETI comenzó un trabajo posterior, el de la identificación de todos ellos. Y así, ya desde este viernes y hasta que termine la filiación de los 155 subsaharianos, trabajan en coordinación Sanidad, Fiscalía, la Policía Nacional, Extranjería... Buena parte de los inmigrantes que entraron dijeron que eran menores de edad, algo que se expone de manera verbal pero que debe ser plasmado en un informe con una determinación de la edad en la que interviene la Fiscalía, el médico forense y el área de Sanidad para hacer las placas y pruebas oportunas. Las gestiones se hacen a contrarreloj filiando a los supuestos menores que iban siendo tratados en pequeños grupos con un personal mínimo.
El centro de La Esperanza ya está preparado para recibir a los que, se determine, son menores. Se calcula que de los 155 pueden serlo al menos 50 por su apariencia externa, pero esto es algo que debe quedar concretado en las próximas horas. La Policía estuvo en el CETI garantizando el control externo del mismo mientras se hacía el primer examen dentro derivándose después los casos al juzgado y al Hospital.
Nada más tomárseles la filiación en el CETI, los inmigrantes que llegaron este viernes solicitaron asilo. Ahora se tiene que poner en marcha una maquinaria en la que interviene Policía pero también la asistencia letrada para informar a los subsaharianos de todos los trámites que pueden llevar a cabo. La situación es distinta a la ocurrida hace un año, cuando el titular de Interior ordenó la devolución inmediata de los inmigrantes que habían entrado por la valla, aplicando el tratado entre España y Marruecos en una entrega histórica que se conoció gracias a la grabación de FaroTV.
Ahora Marlaska no puede hacer eso. Se topa con un grueso de menores que no pueden ser expulsados y otro que ha pedido asilo. ¿Qué pasará entonces? La ley contempla un plazo de diez días para estudiar qué hacer con estas personas a las que se les debe informar de todos los derechos, pero es evidente que no puede seguirse el mismo camino que en agosto de 2018. Sí que en las últimas horas tanto desde la Delegación del Gobierno como de la Ciudad Autónoma se han mantenido contactos con el Gobierno central para abordar este asunto. Nada está cerrado.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado la situación habida en la valla, exigiendo un refuerzo en medios humanos y técnicos poniendo de manifiesto el tipo de entrada que se ha llevado a cabo. “En el asalto, que ha sido llevado a cabo de manera violenta, con enfrentamientos cuerpo a cuerpo con los guardias civiles, y empleo de garfios, palos y lanzamiento de ácido, han resultado heridos agentes”, ha sentenciado la asociación.
“Este nuevo asalto organizado vuelve a poner en evidencia la necesidad de refuerzos técnicos y humanos en las ciudades fronterizas, tal y como viene reclamando AUGC desde hace años. Están preocupados por una situación que ratifica “la creciente agresividad de las personas que tratan de entrar en España por esta vía, una actitud que pone en serio riesgo a los guardias civiles y a los propios inmigrantes”. Vuelve a insistir en la necesidad de contar con un protocolo de actuación claro e inequívoco en las fronteras con Ceuta y Melilla, y que el ministro del Interior se pronuncie sobre las devoluciones en caliente. “Es urgente, en este sentido, que los agentes cuenten con una mayor protección jurídica en la labor diaria que realizan en los pasos fronterizos”, sentencia.
Cómo fue la entrada quedó grabado en los móviles de los vecinos de Benzú, los primeros en despertarse con los ruidos de las carreras y los gritos. Una entrada que va a ser denunciada en el Juzgado, tal y como ha anunciado Independientes de la Guardia Civil (IGC), que el martes presentará la querella ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta por las lesiones causadas a los agentes.
Solicitará como acusación popular “que se acuda a todas las posibilidades punitivas del Estado para persuadir con la acción de la justicia a quienes asaltan la frontera española, devolviéndolos al país de procedencia, e ingresando en prisión preventiva a quienes agredieron tumultuariamente a los guardias civiles”. IGC pide que haya un número considerable de miembros de los servicios de inteligencia españoles, en colaboración cuando sea necesario con los marroquíes, “que se adelante y prevean estos ataques, porque no pueden ser invisibles al país vecino Marruecos, y a nuestros servicios de inteligencia del que todos nos preguntamos para qué sirven si no advierten de estas amenazas para la seguridad nacional”. Dice además que los CETI “deben estar en territorio marroquí, ya que entran y están igualmente, ilegalmente en ese país, por lo que deberíamos adelantar la frontera”.
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