El tribunal de la
Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta sentó este martes en el banquillo a los 16 acusados de integrar, con distintos roles, una
red de tráfico de inmigrantes que disponía de varios pisos patera para esconderlos, de
un taxista colaborador para los traslados y de un sicario que además de patronear las embarcaciones amenazaba a los marroquíes que exigían la devolución del dinero si ese pase no se había llevado a cabo. Este individuo es el único que no pudo ser arrestado por la
UCRIF, permanece desde 2019 en busca y captura y contra él pesan las implicaciones no solo de los investigadores sino de quienes han confesado los hechos. 15 de esos 16 acusados
reconocieron ante el tribunal su participación en el delito, respondiendo afirmativamente a la cadena de preguntas que le fue formulada por el
Ministerio Fiscal. Solo uno, que todavía no ha declarado y lo hará en otra sesión judicial aún por celebrar, niega su relación con los hechos. Respecto de otro de los investigados se ha retirado formalmente la acusación. Si todos se sentaron en el banquillo de los acusados es porque terminaron detenidos por los agentes de la Policía Nacional adscritos a la UCRIF, en una de las operaciones más relevantes llevadas a cabo contra el tráfico de personas en Ceuta, ejecutada en marzo de 2019. En ese mes fue cuando la UCRIF decidió que debía actuar de inmediato porque, de esperar más, “podíamos encontrarnos con una tragedia en el mar”, declaró uno de los policías citado como testigo. Lo temían dada la forma de trabajar que tenía esta organización criminal formada por dos clanes familiares unidos por lazos de sangre.
El coordinador del operativo, jefe responsable de la UCRIF, explicó cómo era esa organización: por un lado estaba el clan situado en el Príncipe, domiciliado en la calle Fuerte e integrado por miembros de la misma familia que eran los organizadores del negocio; por otro, estaba el ubicado en el Poblado de Regulares, también formado por miembros de la misma familia. Ambos trabajaban con dos o tres colaboradores externos, teniendo especial relevancia el sicario y piloto de los pases irregulares, quien amedrentaba a quienes en el fondo eran víctimas de todo esto.
"Está fugado el que sin duda era uno de los integrantes más peligrosos: el sicario despiadado que además ejercía de piloto de las embarcaciones"
La investigación policial se inició tras la denuncia presentada por una menor que fue interceptada por la Guardia Civil a bordo de una embarcación que estuvo a punto de naufragar. De no haber sido por la ayuda de otro inmigrante que estaba en la patera habría muerto ahogada. En aquel trayecto los ocupantes pasaron mucho miedo, ya que fueron expuestos a unos riesgos extremos. Esta menor fue considerada testigo protegido e identificó, sin duda alguna, a varios de los miembros de la organización criminal, incluidos los organizadores y el piloto. Después se contaría con la declaración de la madre de esta menor –quien corroboró todo lo dicho así como la manera en la que se hacían las negociaciones- y de otro testigo protegido más. La organización captaba a los marroquíes en su país, los introducía en Ceuta, los escondía en casas y días antes del viaje los trasladaba en dos coches particulares y un taxi a una vivienda de Pino Gordo, cerca del cementerio, desde donde salían las embarcaciones. Si esos pases no se llevaban a cabo y los inmigrantes reclamaban su dinero –abonaban entre 2.000 y 5.000 euros cada uno, hipotecándose de por vida-, entraba en escena el sicario para amenazarlos.
La UCRIF pudo haber detenido a más personas de haber seguido con la investigación, pero tuvo que actuar de inmediato porque existía un claro peligro para la vida de los inmigrantes dada la forma de actuar de los implicados, que no dudaban en organizar expediciones en noches de temporal y sin medios de protección. De los 16 acusados que fueron citados ante el tribunal de la Sección VI, seis fueron conducidos en calidad de presos preventivos. Fiscalía ha modificado su calificación inicial en la que contemplaba peticiones de hasta 10 años de cárcel. Lo hizo tras el reconocimiento del delito hecho por los acusados. Así, para los llamados R.A.A. y F.Z.A. (matrimonio que encabeza el clan del Príncipe) y A.A.M., solicita una pena de 4 años de cárcel como coautores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los tres asumen esas acciones delictivas y por tanto la pena. Para los demás acusados solicita condenas de entre 2 años y 8 meses y dos, tiempo que prácticamente han consumido ya entre rejas, reconociendo las acciones delictivas ante el tribunal. Ayer el máximo órgano judicial ordenó la puesta en libertad de algunos que habían cumplido ya ese periodo. El único acusado que no ha declarado todavía, el llamado S.A.A., quien fue detenido en el Príncipe junto con los demás integrantes del clan que movía los hilos desde esa barriada, niega cualquier participación y contra él no se conoce todavía la petición que elevará a definitiva el Ministerio Fiscal. Lo que sucede es que el resto de acusados, al haber reconocido los hechos, termina, casi en su mayoría, implicándolo en los negocios delictivos. Aunque hubo excepciones claras, como la declaración de M.A.A., su hermana, quien insistió en que él nada tenía que ver con el tráfico de inmigrantes, llegando a declarar que “ponía la mano en el fuego” por él. Su única culpa, dijo, fue estar en la casa del Príncipe en donde entró la Policía.
En otra sesión judicial se contará con la declaración de un acusado
Los agentes que prestaron declaración, en cambio, lo involucran en la red criminal sin dudas. “Estoy totalmente convencido”, dijo el jefe del operativo en respuesta a si S.A.A. estaba implicado en la red. Era imposible estar viviendo en la casa del Príncipe sin tener constancia de lo que allí pasaba, de los inmigrantes que entraban y salían, de los motores y embarcaciones que se ocultaban o del dinero y anotaciones que se guardaban. Además, la Policía insistió en que su nombre aparecía en las intervenciones telefónicas de manera constante. “No hay duda de su participación”, dijo el agente. Más policías que declararon verificaron que S.A.A. tenía que tener conocimiento sí o sí de lo que pasaba en esa vivienda, al no haber opción alguna a no enterarse de lo que pasaba en su propia casa. El 24 de octubre de 2018 esta organización llevó a cabo un pase de 17 inmigrantes que pudo terminar en tragedia ante la caída al mar del motor. El piloto, el sicario que sigue fugado, obligó a los inmigrantes, muchos de ellos menores, a arrojarse al agua. Estas personas no sabían nadar ni tenían chalecos a modo de protección. Salvaron sus vidas al ser auxiliados por la Guardia Civil. Ese fue uno de los pases organizado por una red que se repartía los roles de captación de personas en Marruecos, pase a Ceuta, ocultación en viviendas patera y posterior transporte en embarcaciones. El matrimonio formado por R.A.A. y F.Z.A. junto a A.A.M. eran los principales organizadores, ya que daban órdenes a los demás acusados, adquirían la logística y cobraban a los inmigrantes. Los tres lo reconocieron a preguntas de la Fiscalía. En esas labores participaría S.A.A, hermano de R.A.A. Las labores secundarias de apoyo serían prestadas por F.S.M. y M.A.A. A ellos les seguiría el resto de acusados en sus papeles de transportistas, ocultadores y facilitadores de los pases.
Una vez que los inmigrantes cruzaban a Ceuta eran escondidos en viviendas situadas en la calle Fuerte del Príncipe, en Poblado Regulares y en Pino Gordo, lugar ubicado en la carretera de San Amaro a Santa Catalina. También contaban con una Vivienda de Protección Oficial (VPO) ubicada en la calle Doctora Soraya, en Loma Colmenar. Los traslados de los inmigrantes a la zona del cementerio eran llevados a cabo por otros acusados, usando dos coches particulares y un taxi. Escondidos allí, se preparaban los medios de transporte, hinchaban las embarcaciones y disponían los motores. En las entradas y registros realizados por la Policía encontraron material de todo tipo: embarcaciones, motores, trajes de neopreno, dinero anotaciones... hasta inmigrantes escondidos y documentación variada. Una vez que la investigación culminó con todos los arrestos posibles, la UCRIF pudo vincular a los implicados con otros pases llevados a cabo con anterioridad en los que se incluían adultos y menores sin los medios de protección debidos.