La Ciudad Autónoma sabe a la perfección, desde hace varios meses, que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria mantiene una tibieza muy importante en la materia de la clínica radiológica. La Consejería de Sanidad, que ha sido la responsable de llevar adelante todo el proceso, aunque en determinados momentos ha tenido que contar con otros departamentos autonómicos, ha cumplido a la perfección con todos los deberes que el presidente Vivas le marcó para que ese “reparto de deberes” se cumplieran. Y así ha sido.
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, hizo referencia el otro día durante su comparecencia ante los medios de comunicación para hacer un balance del año recién terminado y poner encima de la mesa los objetivos para el actual, que se iban a poner en contacto con los directivos del Ingesa para conocer exactamente que es lo que ha pasado claramente.
Es cierto que Vivas no estuvo presente en la última rueda de prensa que el director general del Ingesa, José Julián Díaz Melguizo, hizo en la rotonda del Palacio autonómico aprovechando la firma de un acuerdo a tres partes entre Ciudad, Ingesa y Imserso. Pero sin embargo, si estuvieron presentes tanto el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull y la consejera de Sanidad, Asuntos Sociales, Menores e Igualdad, Adela Nieto.
Ellos pudieron comprobar de primera mano como el máximo responsable ejecutivo del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria dijo que desconocía que hubiera existido una reunión con la empresa Clínica Radón con compromisos exactos. Y eso que en esa rueda de prensa había dos personas que estuvieron en el famoso ‘reparto de deberes’ a los que se refirió el presidente Vivas: por un lado, el mismo delegado del Gobierno y, por otro, el director territorial del Ingesa, Fernando Pérez Padilla.
Aparte, la misma Ciudad conoce a la perfección, desde hace meses, ese divorcio sobre la clínica de radioterapia entre el director territorial del Ingesa y el director gerente del Hospital Universitario.
Muchas han sido las conversaciones privadas y donde cada uno ha dejado clara de qué lado está en la presente historia. Un divorcio que se planteó ante los medios de comunicación el pasado miércoles, cuando Pérez Padilla defendió que el Ingesa realizaría un concurso público para la adjudicación del nuevo contrato, donde primaría tanto la existencia de la clínica en Ceuta como la utilización de nuevas tecnologías, mientras que Justo Ostalé habló de que el pliego de condiciones para ese concurso se haría cuando estuviera la clínica y no antes.
Por tanto, de todas maneras habrá que esperar a que por parte de la Ciudad se hagan esos contactos oficiales que ha prometido el presidente de la Ciudad para que haya ese pronunciamiento oficial. Pero, de todas formas, la última palabra será siempre de la ministra de Sanidad.
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