El
Gobierno de Ceuta mantendrá en fase de consulta pública hasta el próximo 4 de agosto su intención de elaborar un Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno para la Ciudad. El objetivo de la norma es “ampliar las obligaciones de información pública contenidas en la Ley de 2013 adaptándola a las singularidades propias de la administración autonómica, así como de sus organismos y entidades dependientes”.
Según el documento elaborado por la Consejería de
Fomento y Turismo, la necesidad de ese Reglamento “viene derivada de una exigencia no sólo legal, sino también real, derivada del compromiso con la ciudadanía en su derecho de conocer la información pública como un requisito de calidad y garantía por parte del Gobierno para promover un sistema más cercano que genere nuevos espacios para la participación y mejore las exigencias de rendición de cuentas”.
La principal aspiración de la regulación pretendida es “transponer la normativa estatal al ordenamiento municipal” e “implantar un portal de transparencia en el que figure publicada la información exigida por la legislación y el resto que se considere necesaria para dar cumplimiento a los principios en los que se inspira”.
“En la actualidad la información publicada no es fácilmente localizable en la página web y la
Sede Electrónica de la Ciudad, lo que dificulta su conocimiento, por lo que se pretende que además de presentarse de forma clara, estructurada y entendible, se actualice con carácter recurrente y calendarizada”, se propone el Ejecutivo.
Actualmente el Portal de Transparencia de la Ciudad en Internet recoge información y documentos de forma aleatoria y en muchos casos no actualizada. Por ejemplo, las retribuciones de los altos cargos no se han renovado desde 2020.
“Se trata de ampliar la información objeto de publicidad activa en relación con aspectos específicos del régimen de organización y funcionamiento de la Ciudad no previstos en la Ley como, por ejemplo, los relativos a las relaciones de puestos de trabajo, a conceptos no retributivos abonados a los miembros de los órganos de gobierno y a su personal directivo, etcétera”, señala la Consejería.
De forma adicional, la Ciudad se propone “crear un banco de datos públicos de estadísticas e información relevante generada en solitario o en colaboración con otros organismos públicos” y “abrir nuevas perspectivas para la toma de decisiones”.
Según los plazos previstos en el IV Plan de Gobierno Abierto, el Reglamento debe estar elaborado y aprobado provisional y definitivamente por el Pleno como muy tarde en septiembre de 2024.