La Ciudad Autónoma tomará la decisión de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la decisión del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta de anular el nombramiento de tres directores generales del Gobierno del presidente Vivas.
Era una decisión que ya esperaba la propia FSP-UGT al entender que siempre se había utilizado la misma en cada sentencia contraria a sus intereses por nombramientos durante los últimos dos años. En este caso se estima en parte la denuncia del sindicato contra los nombramientos de Manuel Sánchez, Víctor Ríos y Javier Celaya que son los directores generales de Recursos Humanos, Emergencias y Protección Civil y Educación y Cultura, respectivamente. Son las tres primeras sentencias que han salido, pero quedan pendientes algunas más que pusieron encima de la mesa los integrantes del sindicato. En la sentencia del Juzgado se indica que en ningún momento por parte del Gobierno se ha justificado estos nombramientos y que tienen unos cometidos concretos que hagan visible la conveniencia de nombrarles, pero que tampoco queda motivado la idoneidad de los mismos para el nombramiento. Sin embargo, hay otra serie de argumentos que quedan rechazados, entre los que se encuentran que no considera nulos los artículos que permiten estos nombramientos, la falta de negociación con los sindicatos o la falta de consignación presupuestaria. Las razones que ofreció la Ciudad Autónoma en su defensa fue que eran cargos políticos y que el único control debe ser la competencia para la creación o el cumplimiento de los requisitos que el Reglamento se prevén para su titular. El propio Reglamento de la Asamblea establece que para los nombramientos de directores generales la exigencia es un decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero correspondiente y entre funcionarios de carrera de cualquier administración salvo una excepción. Desde la UGT no descartan que la Ciudad Autónoma decida ahora recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para intentar dilatar que la sentencia sea firme. En el fondo lo que subyace son dos visiones distintas en relación con la propia autonomía de nuestra ciudad. Mientras el Gobierno siempre ha comentado que Ceuta no es un Ayuntamiento simplemente y que tiene capacidad de autogobierno para regular su organización, existen sentencias que no ven esta posibilidad y que siguen considerando a Ceuta como simplemente un ente local.