El Consejo de Gobierno de Ceuta, tras su reunión semanal, ha dado luz verde este martes a varios acuerdos en distintos ámbitos trasladados por la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos; la Consejería de Presidencia y Gobernación; y la Consejería de Educación, Cultura y Juventud.
Trasladado por la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos se ha dado cuenta al Consejo de Gobierno del protocolo de intenciones entre la Ciudad y el SEPES, entidad pública empresarial del suelo, con el fin de posibilitar la integración de parcelas de Loma Colmenar en el Plan de Vivienda e Incentivos a la construcción en la ciudad.
Este protocolo, según ha informado la Ciudad en nota de prensa, es consecuencia de la colaboración institucional impulsada por el presidente, Juan Vivas, para "aunar esfuerzos entre ambas administraciones en materia de vivienda y activar la construcción de viviendas protegidas mediante la incorporación a los planes de la Ciudad de la parcela E5 de la actuación Loma Colmenar, propiedad de SEPES".
Para ello, SEPES analizará la posibilidad de poner a disposición de la Ciudad Autónoma, "mediante el instrumento jurídico que proceda", dicha parcela, con capacidad para construir 200 viviendas aproximadamente, garantizando que las viviendas resultantes mantendrán a perpetuidad la condición de protegidas.
Por su parte, la Ciudad "llevaría a cabo las gestiones necesarias para procurar, bien directamente o bien a través de la colaboración público-privada, la financiación para su construcción y su posterior gestión, una vez finalizadas".
De igual modo, SEPES valorará la posibilidad de incorporar al plan de vivienda de la Ciudad, en las mismas condiciones que la parcela E5, otras parcelas residenciales, "siempre que su situación urbanística y patrimonial lo permita".
"La colaboración entre las partes incluida en el protocolo no conlleva contraprestación económica o jurídica entre las partes y para concretar los términos de la colaboración y establecer en su caso las obligaciones, se impulsará la tramitación de un convenio en el que se detallen las acciones específicas a desarrollar, los compromisos que garanticen el efectivo cumplimiento de los objetivos planteados y las condiciones para que estos se lleven a cabo", ha proseguido la Ciudad en nota de prensa.
Para el seguimiento y ejecución del protocolo, que estará vigente durante cuatro años, prorrogable por otros cuatro, se constituirá una comisión de seguimiento con dos representantes institucionales por cada una de las partes firmantes.
Igualmente, el Consejo de Gobierno ha autorizado una solicitud de licencia de implantación de la actividad de bar-cafetería en la avenida Alcalde Sánchez Prados.
Asimismo, se ha autorizado la demolición de dos obras ilegales, una en avenida Martínez Catena y otra en la calle Narváez Alonso, con la restitución de la zona usurpada al dominio público, con un plazo para ejecutar la actuación de manera voluntaria, y si transcurrido el mismo no se ha realizado, "la Ciudad llevará a cabo la ejecución de manera subsidiaria, repercutiendo posteriormente su coste al propietario".
La obra en Martínez Catena está inicialmente presupuestada la demolición en 10.000 euros más IPSI y la de Narváez Alonso en 11.000 euros.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha acordado el reconocimiento extrajudicial de una deuda pendiente de pago con la UTE Makerel Medioambiental y Lirola Servicios Urbanos por importe de 619.145 euros, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2023.
Se ha autorizado, como gasto plurianual, la contratación del servicio de mantenimiento de los equipos de trabajo para la extinción de incendios, revisión anual de los vehículos autoescala, mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas hidráulicas de excarcelación, revisión y mantenimiento de compresores. Este servicio será por un periodo de cuatro años, de 2025 a 2028, y con un presupuesto total de 130.000 euros, distribuidos a 32.500 euros cada año.
Se ha acordado el reconocimiento extrajudicial de la deuda contraída con la empresa Koala Soluciones Educativas, adjudicataria del contrato de gestión y funcionamiento de la Escuela Infantil La Pecera, por importe de 56.585 euros, correspondientes al abono de los meses de agosto y septiembre de 2024, en concepto de darle continuidad del servicio hasta la formalización del nuevo adjudicatario del contrato.
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