La Ciudad plantea prohibiciones de acceso, peajes o ayudas para la ZBE

La Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos del Gobierno de Ceuta prevé someter a información pública de inmediato para recabar la opinión del conjunto de la ciudadanía el paquete de medidas regulatorias o no que baraja incluir en la Ordenanza de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), así como su delimitación definitiva.

El Ejecutivo local considera que la necesidad de la norma “viene derivada de una exigencia no sólo legal sino también real”.

El abanico de decisiones que contempla adoptar el Gobierno de la Ciudad va desde restringir el acceso de los vehículos altamente contaminantes a algunas áreas de Ceuta o durante ciertos periodos del día hasta poner en marcha incentivos fiscales y ayudas económicas para favorecer el uso y compra de automóviles eléctricos o de bajas emisiones.

Fomentar el uso del transporte público y del ciclismo, incidir en la peatonalización de espacios públicos o lanzar campañas de concienciación sobre los beneficios de contaminar menos son otras de las medidas que el área que dirige Alejandro Ramírez tiene sobre la mesa.

La consejería contrató hace casi un año a la consultora Tool Alfa (especializada estudios de mercado, gestión, economía y planificación en el ámbito de la movilidad, la accesibilidad, los transportes, el tráfico y otras áreas afines) para ayudar a la administración a definir “los aspectos técnicos, jurídicos y de cualquier otra índole que permitan definir el proyecto de la ZBE de Ceuta, así como del proceso sociopolítico para la aprobación de dichas condiciones y la elaboración, para su posterior aprobación, de la Ordenanza que respalde su implantación”.

La empresa está “a punto” de terminar su sondeo a “todos los agentes sectoriales que tienen que ver con el tema”, como la Policía Local, Urbanismo, Medio Ambiente...

El siguiente paso será sacar a participación ciudadana la correspondiente memoria, en la que se explicará que con la ZBE se persigue “reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad del mismo” en áreas sobre las que a tal efecto se suelen aplicar “restricciones o regulaciones específicas para vehículos más contaminantes con el objetivo de fomentar el uso de medios de transporte más limpios y sostenibles”.

El documento de desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Ceuta propone el establecimiento de una Zona de Bajas Emisiones de 0,7 kilómetros cuadrados que abarcaría todo el centro de la ciudad, desde Puertas del Campo hasta San Amaro.

Perímetro limitado

Su perímetro estaría formado por la avenida Martínez Catena, las calles Independencia, Deán Navarro Acuña, Santander, Recinto Sur, Cortadura del Valle, Juan I de Portugal, el paseo de la Marina Española, Muelle Alfau y las avenidas Compañía del Mar, Juan Pablo II, González Tablas y San Juan de Dios.

Ese conjunto de calles no quedaría afectado por la normativa aplicada “siempre y cuando no se introduzcan en el viario interior del perímetro”. Esa excepción se justificaría por “los condicionantes geográficos y la estructura viaria existente en el sector oriental de la ciudad”, recomendándose los desplazamientos a la fortaleza o al cementerio de Santa Catalina por la avenida Compañía del Mar.

Nueve son las medidas, cuatro de ellas regulatorias y cinco no, que baraja implementar en el área que finalmente se delimite como ZBE. Las más coercitivas pasarían por “prohibir la entrada de vehículos” o por “implementar un sistema de peajes de congestión que cobre a los automóviles más contaminantes una tarifa adicional”. Los ingresos generados se podrían utilizar para “financiar proyectos de transporte sostenible y mejoras de infraestructura”.

Con forma de incentivos se estudia ofrecer ventajas fiscales “como descuentos en impuestos o tarifas de estacionamiento reducidas” a los propietarios de vehículos de bajas emisiones para fomentar su adopción y uso. También se piensa como alternativa en “proporcionar subsidios o ayudas económicas” a las personas que adquieran automóviles eléctricos o menos contaminantes con el propósito de fomentar su utilización.

Entre las opciones “no regulatorias” se contempla aumentar la red de puntos de recarga de coches eléctricos, invertir en la expansión y mejora del transporte público, crear más vías para ciclistas y peatones, lanzar campañas de concienciación sobre los beneficios de reducir emisiones o “establecer programas para compartir viajes con el fin de alentar a reducir el número de automóviles en circulación”.