El Pleno de la Asamblea de Ceuta aceptará este viernes en la Sesión Plenaria en la que se producirá la aprobación definitiva del Presupuesto de la Ciudad para 2023 una enmienda a la redacción inicial de las Bases de Ejecución del documento en las que se establecía que “las retribuciones correspondientes a los trienios por antigüedad e indemnización por residencia de los directores generales y jefe de Gabinete de la Presidencia que sean funcionarios de carrera de otra Administración serán abonados por su administración de procedencia y, en ningún caso, por esta”.
El Ministerio de Sanidad alegó que tal redacción podía infringir la normativa vigente al contener “una disposición que afectaría al ámbito de actuación del Ingesa” al fijarle “obligaciones en materia retributiva y presupuestaria cuando existen dudas acerca de su competencia para ello”.
La modificación que se pretende introducir en el texto de las Bases de Ejecución pasa simplemente por suprimir esa referencia a que los trienios y el plus de residencia de esos funcionarios en situación de servicios especiales como cargos políticos de la Ciudad “serán abonados por su Administración de procedencia”. De acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico, el texto no tenía en realidad consecuencia alguna efectiva en términos de obligación para ninguna otra administración.
El Ingesa había sido, de hecho, la única que había desembolsado ese plus una vez que la Ciudad dejó de hacerlo por orden judicial.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla declaró en 2020 contraria a derecho la base de ejecución de los Presupuestos de la Ciudad que desde hacía veinte años permitía a los funcionarios de carrera en situación de servicios especiales como miembros del Gobierno autonómico el cobro de la indemnización por residencia (entre 1.000 y 1.500 euros mensuales) además de sus remuneraciones ordinarias.
Así, estimó el recurso interpuesto en 2017 por Ciudadanos contra el pago de ese plus al presidente de la Ciudad y otros consejeros, directores generales y altos cargos por contravenir la Ley de Bases de Régimen Local.
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