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La Ciudad intentará evitar el recorte de bonificaciones a la Seguridad Social

El Ministerio de Inclusión ya ha trasladado al Gobierno de Ceuta que trabaja para impedir que la nueva legislación perjudique a la ciudad autónoma

El Gobierno de Ceuta ya está trabajando con el equipo del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para corregir los perjuicios que para Ceuta tendría la aplicación sin matices desde el 1 de septiembre del nuevo marco de bonificaciones en las cuotas empresariales que reemplazaría el 50% vigente por una cantidad fija mensual de 262 euros.

Fuentes del Ejecutivo local han explicado que desde el ministerio se ha trasladado a la Ciudad que “ya había detectado” el problema y que lo están “intentando solucionar” como se hizo a principios de enero en el Consejo de Ministros con las bonificaciones a los autónomos después de que el Ejecutivo local se hiciese eco de las reivindicaciones de la patronal local en el mismo sentido.

El Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas prevé el desmantelamiento del marco de bonificaciones establecido en 2015 y sustituir a partir del 1 de septiembre el descuento del 50% vigente por un importe fijo de 262 euros al mes limitado a trabajadores con una relación laboral indefinida y condicionado al seguimiento de acciones formativas de 20 horas al año.

El nuevo marco, que no introduce cambios en lo que a los sectores económicos beneficiarios se refiere, solamente resultaría más favorable que el vigente para bases de cotización que no alcancen los 1.668 euros, con lo que entre los perjudicados directos estarían los ámbitos tecnológico y digital.

Una de las medidas incluidas en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta del Ministerio de Política Territorial es “contemplar la posibilidad de estudiar una modificación normativa que mejore el actual sistema de las bonificaciones a la contratación en Ceuta y Melilla”. La modificación consistiría “en abordar la bonificación respecto de personas contratadas por empresas en determinados sectores de actividad, ampliando, eventualmente, su aplicación a otros sectores”, así como analizando la posibilidad de extenderla al 75%.

En sentido radicalmente opuesto, los cambios introducidos en la legislación por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos no solamente no extienden las bonificaciones a otros sectores, sino que lastrarían a parte de sus actuales beneficiarios.

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