El Gobierno de Ceuta aprobó en su reunión semanal ordinaria de ayer el proyecto de Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma para 2020, que se eleva a 315,3 millones de euros en términos consolidados (290,2 la matriz municipal y 25,1 su entramado de sociedades públicas, organismos autónomos y demás entidades del sector periférico), un 0,28% menos que este ejercicio, descenso ligado fundamentalmente a la pérdida de los fondos íntegros para Planes de Empleo.
El portavoz del Ejecutivo local, Alberto Gaitán, destacó en declaraciones a los medios que se trata de unas cuentas “equilibradas” que prevén un saldo positivo de 32 millones de euros entre ingresos y gastos corrientes y un ahorro neto de diez, “un dato muy elocuente para demostrar la solvencia de esta Administración”.
El también consejero de Economía y Hacienda subrayó que el documento se ha elaborado “con la colaboración de todos los grupos políticos de la Asamblea” en busca del “máximo consenso”. El PP, con nueve diputados en una Cámara integrada por 25 escaños, necesitará que al menos el PSOE (7) o Vox (6) apoye sus cuentas, pero Gaitán evitó concretar tanto en qué partido de la oposición tiene depositadas más expectativas de pacto como cuáles han sido las “sugerencias” que se han introducido a propuesta de otras formaciones el proyecto de Presupuestos.
El documento incluye un Plan de Inversiones para el periodo 2020-2023 que se eleva a 172 millones de euros y recoge “todos los acuerdos plenarios alcanzados en lo que va de legislatura”, así como la relación de “prioridades” que el presidente y sus consejeros se han marcado para 2020.
Gaitán lamentó los “condicionantes” que han “dificultado” la elaboración del documento, desde el hecho de que el Gobierno central esté en funciones y los Presupuestos Generales del Estado lleven prorrogados desde 2018 hasta, sobre todo, la falta de garantías por parte del Ejecutivo de la Nación sobre la recuperación de los convenios no prorrogados en 2019 que cofinanciaban con 7,2 millones de euros la desalación de agua y el impacto en los servicios del hecho fronterizo, lo que ha llevado a “congelar” la ejecución de algunas partidas prescindibles o ligadas a ámbitos en los que la Ciudad “carece de competencias” directas.
El Gobierno de Vivas ha decidido aplicar sí o sí un recorte del 25% en el coste de su estructura de Direcciones Generales y personal eventual y ha renunciado a “subir impuestos o tasas”. Al contrario, las cuentas contemplan la nueva bonificación en el recibo de Acemsa del 50% para autónomos y la rebaja del IPSI para ese sector del 6% al 4%.
Con todo, la Ciudad prevé cerrar 2020 con una reducción de su deuda viva “del 40%” con respecto a 2012 y un nivel de endeudamiento del 61%, “catorce puntos por debajo del límite que marca la zona de riesgo por la normativa estatal”.
Aunque en el Presupuesto no se recoge, dado que en estos momentos se desconoce su impacto económico, también está previsto acometer, durante el próximo ejercicio, la iniciativa aprobada por el Pleno de la Asamblea sobre revisión de las vigentes bonificaciones fiscales, al objeto de atender, como criterio preferente, el de la renta de los contribuyentes, en vez de la actual clasificación tributaria por categoría de calles.
A expensas de lo que estipulen unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, el proyecto de cuentas de la Ciudad para 2020 contempla, según Gaitán, una actualización salarial de alrededor del 2% que llevará importe total del Capítulo de Personal de la Administración local a 121,8 millones de euros, muy por encima de los Gastos Corrientes, que se quedarán en 91,5.
La cobertura de los costes laborales de los empleados públicos del corazón de la Ciudad se llevará 79,4 millones de euros, 6,7 en el caso de Amgevicesa, 3,7 para Procesa, 1,9 en RTVCE, 3,8 en Acemsa, 4,7 en Servicios Tributarios, 6,4 en Obimace y 2,2 en Obimasa, las entidades periféricas con mayores desembolsos de Personal.
El Gobierno prevé abordar en 2020 el reto de “normalizar las condiciones retributivas y de otra índole que afecten al desempeño de puestos de trabajo de superior categoría de conformidad con el acuerdo adoptado al respecto por el Pleno”, así como “culminar las ofertas públicas de empleo de 2018, 2019 y 2020; desarrollar los trabajos para la elaboración y aprobación de la RPT; y continuar el proceso de consolidaciones”.
También se compromete a “concretar las medidas que, a corto y medio plazo, deberían ser adoptadas para atender las necesidades de la estructura administrativa y técnica” y a “optimizar los recursos disponibles al objeto de agilizar trámites y resoluciones y, por esta vía, incidir, de manera positiva, en el funcionamiento de los servicios y en el impacto de la contratación pública en la actividad económica y el empleo”.
El documento que se someterá a la aprobación inicial de la Asamblea este mes para recibir luz verde definitiva en enero incorpora un Plan de Inversiones para el periodo 2020-2023, ambas anualidades incluidas, por importe de 172 millones de euros, un programa de actuaciones que según Gaitán “pone el énfasis en las intervenciones en barriadas, su primer eje teniendo en cuenta el peso del mismo en el total; en la renovación y mejora de los equipamientos públicos de diversa índole; en la rehabilitación del patrimonio natural y cultural; y en iniciativas con impacto positivo en el desarrollo de la actividad productiva, entre otras prioridades”.
Para financiar las inversiones del ejercicio está previsto contratar préstamos a largo plazo por importe de 30,8 millones de euros.
Al mismo tiempo, serán amortizados otros por valor de 33,8. Como resultado, un nivel de endeudamiento, al cierre del ejercicio, del 61%, “catorce puntos por debajo del límite que marca la zona de riesgo en la normativa estatal”, según puso de relieve el consejero de Hacienda.
La Ciudad mantendrá en 2020 “la senda de reducción de deuda iniciada en 2012 con motivo del plan de ajuste aprobado en dicho ejercicio. Cuando termine el próximo ejercicio habrá caído en 113,5 millones, pasando de 281,8 a 168,3, es decir, una reducción del 40%.
Para el Ejecutivo local se trata de “un esfuerzo de saneamiento que, sin duda, ha tenido positivas consecuencias en los costes financieros que soporta la Administración y, por ende, en su capacidad para atender necesidades de inversión y otras relacionadas con el normal funcionamiento de los servicios”.
Entre 2013, el ejercicio posterior al de la aprobación del plan de ajuste, y el próximo año el ahorro anual resultante estimado por el Ejecutivo se eleva a 12,5 millones de euros.
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