La Ciudad formaliza el contrato de vigilancia en el centro de menores Punta Blanca. Este gesto hace oficial la adjudicación a la empresa Seguridad Hispánica y permite poner en marcha el servicio. La compañía debe aportar a la institución de Ceuta tres vigilantes para los turnos de ocho de la mañana a diez de la noche y asegurar dos para los de 24 horas.
Esta rúbrica sella un pacto por dos años, que puede prorrogarse a uno más, con un máximo establecido de tres. El importe de esta acción asciende a los 1.542.452 euros. La garantía de profesionales con dicho fin está contemplada en un acuerdo mayor que recoge la licitación de tres lotes, que ya han sido asignados. Este, que se corresponde con el tercero, es el que más dotaciones ofrece. Los otros dos están destinados al centro de Realojo temporal para colectivos vulnerables y para el equipo técnico de menores en el edificio La Tahona.
El primero de ellos debe contar con cuatro empleados del sector, que deben estar presentes en su puesto de trabajo las 24 horas del día, de lunes a domingo. El segundo, tiene que ofrecer a un solo vigilante para desempeñar sus funciones en horario de ocho de la mañana a tres de la tarde, con excepción de junio, julio, agosto y septiembre, meses en los que finaliza a las dos del mediodía.
Los dos paquetes son responsabilidad de G5 Seguridad y vigilancia. El coste de ambos es 1.630.676 euros y de 100.505, respectivamente, según indican los datos del importe reflejados en los pliegos. Los documentos cuentan con una cláusula específica en cuanto al centro de realojo temporal. Esta indica que en caso de que los usuarios sean trasladados a un nuevo espacio, por motivos de organización o de otra índole, la compañía a cargo debe garantizar la prestación donde se encuentren en ese momento.
Los profesionales designados para esta tarea deben cerciorarse del buen estado de bienes e instalaciones, así como de la protección de las personas que se encuentran en los lugares citados anteriormente.
Tienen que cumplir con este propósito a través de comprobaciones, registros y con actuaciones de prevención necesarias. Ello incluye el desarrollo de controles de identidad, de objetos, mercancías o vehículos. Deben evitar que se comentan actos delictivos o infracciones y, para ello, impedir su consumación o intervenir si se producen finalmente.
Otros requerimientos exigidos son la acreditación de la ausencia de antecedentes penales por delitos contra la libertad sexual o demandas en torno a la sustitución de personal.
Así, tal y como indican los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica 8/2021 del 4 de junio, los trabajadores deberán dar parte de su historial para asegurar que no se han dado crímenes de esta naturaleza o de trata de seres humanos ya que van a trabajar con menores de edad.
La empresa tendrá que asegurar la estabilidad de la plantilla, por lo que debe reemplazar a un profesional en 24 horas si existen quejas probadas hacia él o cubrir un puesto en un máximo dos horas si un empleado no acude al edificio.
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