Ciudadanos ha denunciado la falta de criterio que la Ciudad mantiene en todo lo que engloba a las Viviendas de Protección Oficial. En rueda de prensa ha expuesto el caso en concreto de los cinco bloques de viviendas de la barriada del Rocío, los cuales tienen denuncias desde 2015 por el estado de riesgo en el que se encuentran sus fachadas, balcones y cornisas.
La sorpresa de los vecinos ha llegado, detalla Ciudadanos, cuando la Ciudad, mediante un decreto, exige a los propietarios de las 120 viviendas que conforman los cinco bloques que sean ellos quienes acometan los trabajados de reparación, cifrados en 200.000 euros.
En este sentido, Ciudadanos ha abanderado la causa recordando que en 2017 todos los partidos de la oposición se manifestaron por la mala situación que presenta el exterior de estas viviendas, asumiendo que debe ser el Gobierno el que acometa la reparación, ya que más de la mitad de los pisos aún son propiedad de Emvicesa. “Mientras que no se desprendan de las viviendas, es el Gobierno quien tiene que acometer la rehabilitación”. Puntualizan que la mayor parte de los vecinos aún no ha concluido el pago de las casas, por lo que al no ser entregadas aún a los residentes, las responsabilidad recae sobre la Administración.
Asimismo, el portavoz de la formación naranja, Javier Varga, incide en la falta de criterio que dice tener la Ciudad en cuanto a las reparaciones de las viviendas de VPO, ya que en otras barriadas, como es el caso de Juan XXIII, sí han respondido ante los daños en fachadas y en el caso del Rocío no. “Es la nefasta política del Gobierno en todo lo que rodea el entorno de las VPO”, se quejó Varga.
Desglosó, en rueda de prensa, un número concreto de barriadas que se han rehabilitado con dinero público, por lo que no entienden cómo no incluyen al Rocío dentro de alguno de estos planes, teniendo en cuenta de que son viviendas con 25 años de antigüedad y que aún están en propiedad de Emvicesa.
“Si hace 25 años fueron beneficiarios de una VPO, es entendible que ahora no tengan la disposición económica para asumir ese gasto”, aludió Varga, reivindicando que gran parte de los que residen en estos bloques no pueden desembolsar el coste total de la reparación, que corresponde a 40.000 euros por edificio, por lo que insta al Gobierno a que actúe de forma consecuente.