La Ciudad exige diferenciar entre menores migrantes y desprotegidos

Los Gobiernos de Ceuta y Melilla que presiden Juan Vivas y Juan José Imbroda van a intentar hacer valer ante las Asambleas de las dos Ciudades, primero, y en las Cortes Generales, después, que la “realidad social” que soportan en términos de presión migratoria infanto-juvenil “no está contemplada en la regulación establecida por Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor”. La normativa vigente “conlleva que éstos queden desarraigados de su núcleo familiar y de su entorno social y cultural, en el que deben desarrollarse, y, en su claro objetivo de migrar, pasan por todo tipo de calamidades llegando, en muchos casos, incluso a poner en grave riesgo su integridad física”.

Desde su punto de vista, para lo que apelan a una Resolución del Consejo de Europa de 1997 y a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, los poderes públicos “deben proteger poniendo freno a esta situación, además de con actuaciones administrativas, impulsando las modificaciones normativas necesarias, precisamente en aras del interés superior del menor”.

“En Ceuta y en Melilla, como fronteras sur de Europa y ciudades colindantes con Marruecos”, entienden los Ejecutivos autonómicos, “se origina el caso ‘menores migrantes’ que en su práctica totalidad proceden del vecino reino. Ello ha generado un flujo de MENA en ambas ciudades que va en progresivo aumento y que no obedece a verdaderas situaciones de desprotección sino a un proyecto migratorio decidido con claras connotaciones económicas, buscando para ellos y sus familias un futuro mejor que en su país de origen”.

Por ello se ve conveniente introducir en la legislación una distinción acorde con “la realidad sociojurídica existente” entre los ‘menores en verdadera situación de desprotección’ de los que realmente son ‘menores migrantes’, es decir, aquellos jóvenes “con proyecto migratorio decidido hacia España y el resto de la UE”.

“Ello, fundamentalmente”, razona la propuesta que se llevará al Pleno, “porque su objetivo no es otro que emigrar a la Península y a otros países de Europa por motivos económicos y denotan tal determinación que ponen incluso en grave riesgo sus vidas para acceder como polizones en los barcos con destino a la península”.

Una situación “crítica” en las dos ciudades

La propuesta de iniciativa legislativa del Ejecutivo del PP destaca que la presencia de menores no acompañados (MENA) que no obedece exclusivamente a situaciones de desamparo sino migratorias se ha ido incrementando de forma progresiva en los últimos años “hasta convertirse en un problema significativo, especialmente en Ceuta y Melilla donde la situación puede calificarse de crítica, más que por el número de menores (muy elevado), fundamentalmente por la escasa extensión de sus territorios y poblaciones, así como por la especial circunstancia de ser fronterizas con el país del que provienen la gran mayoría”.

Disposición Adicional específica para Ceuta y Melilla

El Ejecutivo local quieren proponer al Gobierno de la Nación la adopción de un Proyecto de reforma de la Ley de Protección Jurídica del Menor para sumarle una nueva Disposición Adicional, la cuarta, titulada ‘Menores extranjeros no acompañados. Especificidades en las Ciudades de Ceuta y Melilla’, cuya redacción establezca que atendiendo a sus singularidades respecto a los MENA “que sean migrantes con entrada irregular en territorio nacional se dará “prioridad en el retomo, bien directamente, o, en su caso, través del país de tránsito, en aras de la protección del interés superior de estos menores y a efectos de su integración y desarrollo en el núcleo familiar de origen en su entorno socio cultural”.

También que “hasta que se produzca el retorno de estos menores a sus países de origen, ya sea a efectos de su reagrupación familiar o de su entrega a los servicios de protección del menor, con el fin de su adecuado amparo, dispondrán del apoyo material y de los cuidados necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, alojamiento apropiado para su edad, instalaciones sanitarias y cuidados médicos, siendo atendidos por la Administración del Estado como entidad pública competente en materia de inmigración”.

En el supuesto de que en el plazo máximo de tres meses no se haya hecho efectivo el retomo de los menores a sus países de origen o, en su caso, al de tránsito, éstos tendrían obligatoria y necesariamente que ser trasladados, según la redacción planteada en la iniciativa legislativa, “a centros de acogida de otras partes del territorio nacional”.

Una respuesta legal para “la nueva realidad social” de la frontera sur

Según los informes de los Gobiernos de las dos ciudades autónomas, “en Melilla desde 1997, cuando no se constataba prácticamente la existencia de MENA migrantes, en 2014 se cifraban en 283 el número de atendidos, produciéndose a partir de ese año un incremento desmesurado hasta alcanzar la cifra de 1.895 en el año 2018”. En Ceuta, desde 2016 el incremento de ingresos “ha sido notable en los centros de menores de la Ciudad”. “A título ilustrativo”, en 2017 el número de ingresos fue de 802 MENA y el año pasado se acogió a 3.744 menores, “un 466,83% más que supera con creces la capacidad de acogida de los centros propios, estando en la actualidad al límite de poder continuar la seguridad y salud de los menores atendidos así como de los profesionales que los atienden”. “Las normas”, se reclama, “deben adaptarse a la nueva realidad social que regulan constituyendo también una parte contextual en el lugar donde se aplican y de la sociedad que puede condicionarla e igualmente deben procurar dar solución a la problemática social que se plantea”. El “retorno a las familias de origen” o, en su caso, a los servicios de protección, que se lleve a cabo con las debidas garantías, debe conllevar, desde el punto de vista de los Gobiernos regionales de Vivas e Imbroda, “no sólo el de los menores nacionales del país colindante con Ceuta y Melilla, sino también de aquellos originarios de otros países que acceden a las dos Ciudades Autónomas a través de Marruecos como país de tránsito”.