El Pleno aprueba una propuesta de Caballas para avanzar en esa línea con la nueva Ley de Contratos
El Pleno de la Asamblea acordó ayer a propuesta de
Caballas y con el voto a favor del
PP y el
PSOE constituir un grupo de trabajo con representantes de los partidos y técnicos "expertos en materia de contratación" para, en un mes, elaborar un “inventario de cláusulas sociales orientadas a garantizar los derechos laborales y sociales de los trabajadores que ejecutan los contratos públicos, favorecer a las empresas locales y proteger el empleo local". Sus conclusiones deberán, después, “formar parte obligatoriamente de los Pliegos de Condiciones elaborados y aprobados de conformidad con la nueva Ley de Contratos del Sector Público” que entrará en vigor en marzo y que, según coincidió la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ampliará el margen de la Administración local para implantar requerimientos adicionales en favor de la "contratación pública socialmente responsable" que reclamó Caballas. La coalición incidió en la necesidad de "asumir el compromiso de incluir en los concursos públicos estipulaciones que obliguen a las empresas adjudicatarias de un contrato público a dar cumplimiento, junto con el objeto propio del contrato, a ciertos objetivos de política social que se estimen de interés general”. Según recordó Mohamed Ali, con la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público “se ampliará de manera muy significativa las posibilidades de incorporar las llamadas cláusulas sociales en los propios Pliegos de Condiciones”. Para Caballas “es muy importante que la Ciudad reaccione a tiempo y que las licitaciones que se elaboren y aprueben de conformidad con la nueva norma contengan cláusulas que, apurando el nuevo margen legal, permitan favorecer a las empresas locales, a los trabajadores ceutíes y, lo más importante, garantizar todos los derechos laborales y sociales que asisten a los trabajadores que prestan sus servicios para la Ciudad mediante los correspondientes contratos públicos". La nueva normativa amplía las cláusulas sociales y dicta los criterios de adjudicación del contrato, que incluyen aspectos como la accesibilidad, el diseño universal o las características sociales.