El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas, ha ampliado este martes a todo el año en curso su margen de confianza en el Ejecutivo de la Nación para poner en funcionamiento sin límites políticos la aduana comercial del Tarajal.
Menos flexible se ha mostrado con el Ingesa, al que ha instado a como mínimo reunirse con los médicos (siete) que siguen en huelga parando operaciones y consultas para cobrar el plus de exclusividad pese a tener consultas privadas, y con el Ministerio de Empleo, al que ha exigido que renuncie a modificar a la baja el marco vigente de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social.
Al hilo de la aduana ha renovado su actitud de “absoluta lealtad” con el Gobierno de la Nación en todo lo que tiene que ver con las relaciones con Marruecos. “Esperamos que la exigencia de visado se establezca de manera permanente porque está teniendo consecuencias positivas”, ha dicho sobre el tránsito de personas.
En relación con el de mercancías ha apuntado que “en mi última conversación con el ministro de Asuntos Exteriores este me pidió un margen de tiempo para culminar el objetivo de la aduana, que considera prioritario, y estamos dándolo con sentido de la responsabilidad”.
“Espero que finalmente se alcance el objetivo y que a lo largo de 2023 podamos tener una aduana comercial sin restricciones, que funcione de manera convencional con los estándares internacionales sin más restricciones que las derivadas de la ley y las capacidades logísticas, así como que se aplique el régimen de viajeros de manera recíproca”, ha concretado sus aspiraciones.
Previamente el presidente había puesto otros deberes urgentes al Ejecutivo de Pedro Sánchez para hacer frente a dos “preocupaciones”. Una es “la conflictividad laboral en la que se encuentra la Sanidad en Ceuta” por la huelga de un grupo de médicos “que está generando perjuicios notables en forma de suspensiones de operaciones y consultas externas”.
“Es un grave problema que nos mueve a apelar a la Dirección General del Ingesa para que adopte una posición constructiva y dialogante, que se reúna con los sindicatos que representan a los médicos, oiga sus peticiones y haga todo lo posible para resolver el problema”, ha reclamado.
La segunda es el Real Decreto 1/2023 que entrará en vigor el 1 de septiembre para cambiar el 50% actual de bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social por una cantidad fija mensual solo para trabajadores con contratos indefinidos.
“Si no se corrige ocasionará un gravísimo perjuicio a un elemento fundamental de nuestro Régimen Económico y Fiscal, un perjuicio evidente para atraer empresas, para las que ya están y para los trabajadores, que podrían perder hasta un 8% de sus retribuciones mensuales”, ha advertido.
Vivas ya ha contactado tanto con el Gobierno de la Nación “a todos los niveles” como con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Senado “para que procuren corregir y enmendar este grave problema en el trámite de convalidación para que nos quedemos como estamos”.
El presidente está especialmente inquieto porque la gestión de ambos asuntos va, a su juicio, en contra de lo establecido en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico aprobado por el Consejo de Ministros en octubre, “que contempla el reconocimiento de Ceuta como zona de especial dificultad para el ejercicio de la profesión médica y mejorar el actual régimen de bonificaciones”.
“Resulta contradictorio que se mantengan posturas justo en la dirección contraria”, ha lamentado el líder del Ejecutivo local, que ha ofrecido tanto “lealtad” para seguir valorando el documento por las medidas que recoge “para alcanzar un futuro de estabilidad y desarrollo” como firmeza a la hora de estar “muy vigilantes para que se cumpla en todos sus términos y en los plazos previstos”.
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