Las consejerías de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos; Presidencia y Gobernación; y Sanidad se han coordinado para trabajar en un plan que se lleva “meses” avanzando en el ámbito administrativo interno para comprobar que los establecimientos de Ceuta, en primer lugar de los sectores de ocio y hostelería, cumplen las medidas de seguridad a las que deben someterse y desarrollan su actividad de forma coherente con las licencias que tienen concedidas.
Se prevé que agentes de la Policía Local se encarguen de visitar los negocios, empezando por los radicados en el Poblado Marinero y el Parque Marítimo, alrededor de una veintena, y que posteriormente hagan lo mismo técnicos de Urbanismo, del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y, si fuese preciso, de Sanidad.
Según han indicado fuentes del Ejecutivo local en declaraciones a este periódico, la hoja de ruta prevé “dos grandes actuaciones” que incluirán, por un lado, la verificación del cumplimiento de todas las condiciones técnicas de aforo, medidas contraincendios y cualquier otro aspecto que se considere relevante a la hora de ser inspeccionado”.
Por otro, la administración se asegurará de si cada establecimiento “está ejerciendo la actividad para la que tiene concedida licencia, ya que en algunos casos puede haber habido cambios”.
Aunque el cronograma prevé arrancar las visitas por el Poblado y el Parque, posteriormente las actuaciones se extenderán “al resto de zonas con locales de ocio y hostelería como la plaza del Teniente Ruiz, las Murallas Reales, el paseo de las Palmeras o el ‘Ceuta Center’.
“Se quiere causar el menor perjuicio posible al empresario, lógicamente, pero garantizando la seguridad”, han indicado desde el Ejecutivo local, que empezó a trabajar en este proceso de inspección “en la recta final de la legislatura pasada”.
“No se ha empezado tras lo sucedido con las discotecas de Murcia y las inspecciones no se circunscribirán exclusivamente al ámbito del ocio y la hostelería, aunque sí se graduará su intensidad en función del nivel de riesgo que entrañe la actividad concreta que desarrolle cada establecimiento”, han advertido desde el Gobierno de Vivas.
“Los técnicos se centrarán en los negocios con mayor riesgo por su aforo o por posibles problemas de incendios y seguridad y el orden de prioridad por potencial gravedad atenderá también al estado de los expedientes administrativos y a si constan denuncias de algún tipo”, han ampliado.
La normativa vigente considera muy grave cualquier infracción que determine “especiales situaciones de peligro o gravedad para los bienes o para la seguridad o integridad física de las personas”. En ese caso puede imponerse durante hasta un máximo de un año la sanción de suspensión temporal de las licencias, la clausura temporal de las actividades y establecimientos o la revocación de la licencia.
La licencia de funcionamiento o apertura es la autorización municipal que permite comenzar una actividad “tras comprobar que los locales e instalaciones correspondientes reúnen las condiciones idóneas de tranquilidad, seguridad, salubridad y accesibilidad, se ajustan a los usos determinados en la normativa y planeamiento urbanístico, así como cualquier otro aspecto medio ambiental establecido”.
Dicha comprobación se puede efectuar directamente por los servicios municipales y/o mediante la aportación de los correspondientes certificados. La Ciudad tiene la potestad para, en cualquier momento, de oficio a instancia o denuncia de particulares, efectuar visitas de inspección a los establecimientos en funcionamiento.
La constatación de un incumplimiento de las normas vigentes puede dar lugar a la apertura del correspondiente expediente y a la puesta en conocimiento del órgano competente. Los empleados públicos actuantes pueden acceder en todo momento a los establecimientos y sus responsables deben “prestar la asistencia y colaboración necesarias”.
Si tras una inspección se detectan infracciones respecto a la licencia otorgada siempre que se trate de deficiencias subsanables se puede dar un plazo al titular para la adopción de medidas o también actuar disciplinariamente.
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