La Ciudad empezará a negociar su RPT con los sindicatos el 15 de enero

El Gobierno de Ceuta ha acordado con las centrales con representación en su Mesa General de Negociación (CCOO, UGT y CSIF) dar inicio el próximo 15 de enero a las conversaciones para definir su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), uno de los compromisos que el consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, y su director general de Recursos Humanos, Emilio Carreira, esperan cumplir durante la primera mitad de 2024.

El Ejecutivo local ya tiene “muy avanzado” el documento, que incluirá una Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) en la que se incluirá en el Complemento Específico de cada uno el cobro de los de manejo de terminal, toxicidad o peligrosidad que actualmente no se abonan de forma lineal, sobre todo en áreas como Menores o la Policía Local.

En paralelo a la definición definitiva de la RPT se avanzará también con el proceso de funcionarización voluntaria que abrirá la puerta “de la forma más ágil posible”, quizá a través de concurso, a que aquellos laborales con potestades públicas se hagan con su plaza a cambio de renunciar a privilegios como el de extender su vida laboral más allá de los 70 años.

La administración prevé disponer de margen presupuestario para asumir el sobrecoste que presumiblemente traerá consigo la aprobación de la RPT aplicando, entre otras medidas, la amortización de plazas obsoletas vacantes, pero dotadas económicamente.

Gaitán y Carreira han ofrecido a la parte social empezar a negociar también en cuanto terminen las fiestas navideñas un nuevo Acuerdo Regulador y Convenio Colectivo para la Ciudad.

CCOO, que desde las elecciones sindicales de primeros de diciembre es la central con más representantes en la Mesa General, ha exigido que los avances que se consigan se apliquen con carácter retroactivo al 1 de enero.

Según el secretario general de la Sección Sindical de Comisiones Obreras en la Ciudad, José Antonio López, el Gobierno de Vivas ya se ha comprometido a pagar las aportaciones al Plan de Pensiones de los empleados públicos tanto de 2023 como de 2024. La central piensa judicializar las cantidades no abonadas correspondientes a los ejercicios de 2021 y 2022.