La Ciudad Autónoma ha retirado los vehículos abandonados que habían convertido la explanada de la playa del Chorrillo en un ‘cementerio de coches’, del cual ya dio testimonio este periódico. Una ‘limpieza’ que tampoco significa que no vuelva a reproducirse. De la decena que proliferó en este aparcamiento de la ‘carretera nueva’, tan solo queda uno que, desde entonces, ha sido objeto del saqueo de piezas.
Testigos presenciales explicaron que fue la Guardia Civil quien notificó del estado de abandono de los coches y, pocos días después, una grúa se personó en el llano para su traslado. A pesar de que todo apunta a que son los propietarios quienes se deshacen de los automóviles en Ceuta de forma deliberada, las mismas fuentes aseguraron haber presenciado cómo los dueños aparcan allí y, progresivamente, sufren saqueos hasta que los turismos quedan inservibles para circular. Cuando los propietarios acuden a recogerlos, se encuentra con la triste sorpresa. Estos testigos hablan de coches de matrícula extranjera cuyos titulares no denuncian porque tienen que incorporarse a sus puestos de trabajo de inmediato, pero también los hay nacionales. Unos robos que los titulares de las volaeras temen que se vuelvan contra ellos y por ello solicitan mayor patrullaje en la zona.
Los titulares de las volaeras temen que los robos se vuelvan contra ellos y piden patrullas
Por su parte, el Gobierno autonómico tiene contrato con dos centros de tratamiento en la ciudad, que es donde Tragsa lleva los vehículos que están destrozados en la vía pública. Las mismas plantas a las que está enviando a aquellos depositados en Benzú que constituyen residuos sólidos urbanos. Estos adjudicatarios se encargan del proceso de descontaminación, destrucción y de baja en la Dirección General de Tráfico. Cuando son prácticamente restos, ya no tienen la consideración de vehículo y, por tanto, la Consejería de Medio Ambiente procede a su eliminación.
Por su parte, la Consejería de Gobernación se ocupa de los vehículos que están dentro de la legalidad, es decir, aquellos que tienen matrícula, están identificados y pueden moverse por sí mismo, es decir, pueden circular. En este caso, la Ciudad puede decretarlos en abandono previo aviso al propietario y, si no hay respuesta, es trasladado al depósito.
Una vez en estas instalaciones municipales, la administración autonómica tramite el expediente administrativo correspondiente de modo que, si el titular no retira el coche en un plazo de dos meses, Gobernación se encarga de las gestiones pertinentes para que se considere residuo sólido y, en consecuencia, se lleve a descontaminar y destruir.