El informe técnico elaborado por los técnicos de la Ciudad sobre la cuenta de explotación de Trace para determinar si arrastra algún “desequilibrio económico-financiero” en la concesión, como viene alegando la adjudicataria desde hace cinco años y medio del contrato de limpieza pública viaria y recogida de residuos concluye que no, que la UTE ha ganado dinero casi todos los ejercicios aunque no de una manera desorbitada, algo previsible teniendo en cuenta que ganó el concurso público con una baja del 10%.
Según las fuentes consultadas que han tenido acceso al documento, sus autores advierten que sus cifras no deben ser tomadas más que como “orientativas” para a la concusión de que en cualquiera de los tres escenarios planteados, incluso en el “muy improbable” del peor, la concesionaria “ha obtenido beneficios en el cómputo de los cuatro años analizados” que van desde 2013 hasta 2016, ambos incluidos.
En términos de resultados de explotación (es decir, ingresos por ventas menos gastos normales incluidas las amortizaciones), us resultados financieros han sido negativos por entre 138.700 y 600.000 euros, según el ejercicio, con lo que el resultado final de ganancias de cada año ha sido positivo tres años (un total de 450.000 euros aproximadamente) y negativo un ejercicio (-52.459,98).
Los técnicos consideran que, aunque se diesen por ciertos esos números que se esfuerzan en tomar con cautela, no serían “excesivos” sino “dentro de los márgenes razonables” porque no solo ofreció una baja del 10% con respecto al presupuesto de licitación sino que también ofertó una “importante mejora” de realización de servicios “a coste cero” para la Administración pero, lógicamente, no para la prestataria de los mismos.
Trace mantiene alrededor de cinco millones de euros en reclamaciones a la Administración ya judicializadas o no y los técnicos que han elaborado el informe dan por “seguro” que “parte, si no en su mayoría, son aceptadas” por el Gobierno de Vivas.
En todo caso, que Trace no haya entrado en pérdidas tampoco quiere decir, se remarca, “que el servicio se pueda realizar adecuadamente pues no se ha entrado a analizar la parte técnica: si se han prestado o no los servicios, si se han hecho correctamente...”.
Un absentismo “elevado” que se cifra en el 15%
El informe elaborado por los técnicos recoge, según fuentes que han tenido acceso a su contenido, que en el análisis de los costes de Personal de Trace se ha detectado que existe un absentismo de los trabajadores “elevado” que se llega a cifrar en un 15%, un 50% más del nivel que llegó a llamar la atención de los medios de comunicación en Alicante. Para los analistas de la Administración es la empresa, mejorando su gestión de recursos humanos, la que debe reducir ese porcentaje, no imputar su coste, que no se llega a cuantificar con la documentación disponible en el estudio elaborado, a las arcas de la Administración.
Contrato, baja, mejoras, garantía y ampliación en solo seis años
El Pleno de la Asamblea aprobó en septiembre del año pasado a petición de Caballas “elaborar por parte de los servicios competentes de la Ciudad una auditoría del servicio de limpieza viaria y recogida domiciliaria de basuras que recoja con exactitud todos los pormenores económicos, técnicos y funcionales” de la concesión para explicar “las deficiencias que presenta el servicio en la actualidad”.
El trabajo se encomendó a la Intervención de la Ciudad en la parte relativa “al desenvolvimiento económico del contrato” y “sin entrar en los aspectos técnicos y funcionales”.
Los técnicos han pretendido, según las fuentes consultadas por este periódico, efectuar una revisión sobre “la efectiva realización de los gastos que el adjudicatario ha incluido en sus estados contables” y en relación con “la adecuación, razonabilidad y adecuada imputación de los mismos a la actividad objeto de control con independencia de que los mismos efectivamente sean ciertos”.
Trace recibió la adjudicación del contrato el 4 de enero de 2013 por 150,5 millones de euros para diez años con una baja del 10% sobre el precio de licitación y unas mejoras valoradas en 750.000 euros anuales. La UTE constituyó una garantía por 6,9 millones y en febrero de 2015 la Ciudad le incrementó en 1,5 millones al año el contrato.
