El objetivo es retirar todos.
Esos amasijos de hierro que por múltiples causas han terminado siendo pasto de las llamas. En una semana la Ciudad ha conseguido quitar de las calles una veintena, ya que ha colocado como ‘retirada preferente’ aquellos que están calcinados. El objetivo es continuar en los próximos días avanzando en la eliminación de uno de los graves problemas que sufren las barriadas de Ceuta y que han motivado cuantiosas quejas entre sus vecinos.
De manera simultánea desde la Consejería de Servicios Urbanos y de Presidencia y Gobernación se han iniciado sendos expedientes de contratación “para retirar todos los residuos férricos y plásticos, así como adjudicar el tratamiento de descontaminación y destrucción de unos 200 vehículos del
depósito de Benzú”, indican fuentes oficiales a El Faro.
Gestos como este, sencillos en su escritura para una noticia de un medio de comunicación, esconden un trabajo complejísimo de superación de trabas para poder quitar lo que otros han abandonado o quemado. Se ha tenido que llevar a cabo un proceso de identificación de la titularidad de los vehículos amén de una publicación posterior en el Boletín para evitar que, después de retirado o destruido, aparezca algún titular de vehículo reclamando esa pieza. La experiencia ayuda y todos los trámites que se van dando son supervisados previamente y verificados con informes.
La semana entrante se seguirá retirando coches quemados y abandonados, terminando con auténticos cementerios de restos que son aprovechados para causar más quemas como la que
recientemente se produjo en las inmediaciones de la ITV.
Pero en toda esta maquinaria compleja de acción política y burocrática sigue habiendo pegas importantes. Los vehículos se están trasladando al depósito de Benzú en donde el espacio es reducido, sobre todo porque hay zonas ocupadas desde hace años por embarcaciones que están bajo titularidad judicial y que todavía no han recibido autorización alguna de la Gerencia para poder deshacerse de las mismas.
Hay muchas lanchas, algunas todavía de la mítica Operación Marinas en la que Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil desmantelaron cientos de semirrígidas del puerto deportivo que servían para el narcotráfico, dando pie a una referenciada intervención judicial por parte de la Audiencia que se saldó con múltiples condenas ejemplares por blanqueo de capitales. Varias siguen allí, deterioradas pero a su vez intocables, como sucede con motos de agua, motores y otros enseres intervenidos judicialmente que ocupan más del 20% del depósito de Benzú. Su presencia impide que la Ciudad pueda disponer de un espacio mayor para acoger coches abandonados o quemados. La cifra asusta y esconde una dejadez absoluta: más de 14 años llevan en ese lugar sin que nadie no solo se haga responsable sino que autorice su retirada.
La misma situación se repite en el puerto deportivo, en la base que sirve al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en donde se acumulan las embarcaciones intervenidas por su presunta relación con el tráfico de drogas o de inmigrantes sin que puedan quitarse del lugar, lo que merma la capacidad de movimiento de los guardias civiles y genera una gran inseguridad.