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La Ciudad estudia si abrir expediente a la empresa que hizo las mediciones en las pruebas de la Policía Local y cuestiona la responsabilidad del ICD

Hachuel defiende la “transparencia” de la convocatoria y pide “no ver fantasmas donde no los hay”

El portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, ha defendido la “transparencia” en una convocatoria de plazas de Policía Local que se han visto envueltas en la polémica, después de aceptarse una alegación que ha provocado el cambio de una persona en el listado. Hachuel reduce el caso a un mero “error material” y anima al candidato que ha perdido su plaza a presentarse de nuevo a la próxima convocatoria.

“Desde luego lo que tengo que negar es falta de transparencia y cualquier manipulación. Ha habido un error en una marca de una persona, mujer, a la que se le ha aplicado el cálculo de baremación como si fuera hombre. No sé si eso es un error suficientemente importante como para querer ver que ha habido una voluntad de manipulación. Yo considero que no”, ha explicado Hachuel a los medios de comunicación al término del Consejo de Gobierno.

La Ciudad indicó en un primer momento que el listado de 15 plazas publicado era provisional y no definitivo, por lo que ahora “se corrige”, lamentando los perjuicios que le ha podido causar al aspirante que ahora se ve sin sus aspiraciones colmadas. Ahora, momentos después ha matizado que en realidad se trataba del listado definitivo.

“Independientemente del perjuicio que ha tenido esta persona, que a nada que se esfuerce va a conseguir su objetivo de ser policía local. No hay que ver fantasmas donde no los hay”, ha matizado.

¿Quién el responsable?

El Gobierno habla de error de cálculo en un proceso “frío y aséptico”. Ahora el Área de Contratación tendrá que valorar si cabe abrir un expediente a la empresa que realizó estas mediciones.

“La empresa hace muchísimas marcas en procesos deportivos y demás. No tenemos conocimiento de que haya tenido muchas incidencias antes. Esta vez sí que los ha habido. El Área de Contratación y los jurídicos de la Ciudad tendrán que valorar si procede abrir algún tipo de expediente”.

Se estudiará también si el ICD, encargado de su supervisión, merece algún tipo de sanción. A pesar de tener medidores y personal especializado para estas tareas se optó por externalizar este servicio, a juicio de la Ciudad para “evitar suspicacias”.

“Tendremos que estudiar esto detalladamente, a ver si la responsabilidad era solo de la empresa, del ICD o de ambos”, ha expuesto Hachuel. “Esta Ciudad tiene gente formada para casi todo, pero si llegamos a hacerlo con personal propio y con medios propios, probablemente hubiésemos levantado suspicacias. Contratando a una empresa ajena, no nos importa gastarnos ese dinero para que toda la ciudadanía tenga la seguridad de que el procedimiento ha sido limpio. Ha sido una buena inversión. En este tipo de cosas, cuando interviene la Administración, siempre puede levantar alguna suspicacia o sospecha”.

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