Las administraciones siguen, aunque muy lentamente, deshaciendo la madeja burocrática que debe permitir empezar a levantar el Centro Integrado del Brull, el primer inmueble educativo de nueva construcción desde cero que se iniciará en Ceuta desde hace cerca de 40 años. El consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, llevará la próxima semana a Comisión Informativa como paso previo a la elevación de la correspondiente propuesta al Pleno la aprobación definitiva de la cesión gratuita de la finca, con 11.653,7 metros cuadrados de superficie registral.
El fin de la cesión deberá cumplirse, según lo estipulado en el expediente, “en el plazo máximo de cinco años”, y su destino deberá mantenerse “durante los treinta años siguientes sin perjuicio de las especialidades derivadas del tipo de Centro Integrado con varios niveles educativos y un único proyecto de construcción” que se planea acometer, por lo que una vez se haya concluido la misma se procederá “a la constitución del complejo inmobiliario que determine las cuotas de participación de cada administración en relación a la cooperación en la gestión de las construcciones escolares y su conservación, mantenimiento y vigilancia”.
La directora provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), Yolanda Rodríguez, anunció a principios de septiembre que el proyecto ya tenía el visto bueno de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), uno de los últimos flecos pendientes para conseguir la licencia de obra de la Ciudad, de la que depende a su vez el inicio de la licitación de las obras.
Aunque tanto Rodríguez como la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, han citado en varias ocasiones el próximo mes de enero como fecha probable de inicio de los trabajos, las fuentes consultadas por este periódico han apuntado que un concurso de esas características suele tardar en tramitarse “una media de seis meses”.
Una vez que comiencen su plazo de ejecución, para lo que se han reservado 5,6 millones de presupuesto desde hace años, está cifrado en 24 meses.
El nuevo centro educativo contará con 6 unidades de Infantil, 12 de Primaria, 16 de Secundaria y 6 de Bachillerato. Acogerá a cerca de un millar de estudiantes y tendrá un Claustro que se estima estará formado por alrededor de un centenar de maestros y profesores.
El trabajo de la UTE formada por los arquitectos Ángel Verdasco y María Teresa González, a la que el MEFP adjudicó hace dos años la redacción de los proyectos de ejecución y de actividad, dirección facultativa completa y coordinación de seguridad y salud, ha planteado “una sencillez constructiva que garantice un fácil suministro en obra” para un edificio “con soluciones que garanticen un bajo mantenimiento, alta durabilidad, seguridad y fácil utilización”. Todo ello redundará, además, en un inmueble “de poco gasto energético y por tanto poco coste económico”.
La estructura llamará la atención por “la rotundidad del aulario de ESO y Bachillerato” en “una pieza de dos plantas que vuela a modo de edificio puente sobre los restos arqueológicos situados más al sur de la parcela”. Los restos de trazados urbanos medievales “deberían quedar protegidos y cubiertos para evitar su erosión y garantizar un correcto drenaje”, explica la memoria.
Los cuerpos de Infantil y Primaria y el del gimnasio servirán como apoyos de ese puente de aluminio y vidrio que servirá también de espacio exterior cubierto de recreo. Con la solución adoptada se podrá contar con “un gran área de recreo a norte” y otra a sur “pudiendo usarse dependiendo de la época del año o bien asignar uno preferente para Primaria y otro para Bachiller”.
La solución apuesta por mantener los accesos desde la plazoleta a los espacios de Primaria e Infantil “restaurando y poniendo en valor la Portada Militar”. Detrás se colocará un porche cubierto que centralizará los accesos y la conserjería con el Salón actos anexo como espacio abierto al entorno.
También se ha propuesto mantener dos araucarias y poner en valor la iglesia, que será visible desde la cubierta del auditorio.
El Gobierno de la Ciudad se hizo con la propiedad del solar del Brull tras pagar diez millones de euros al Ministerio de Defensa a través de un acuerdo que se rubricó en febrero de 2010 con el propósito de construir alrededor de 400 viviendas.
El departamento que entonces dirigía Carme Chacón puso como condición necesaria en la transmisión de la propiedad que todas las casas a realizar sobre los terrenos del antiguo acuartelamiento quedasen sujetas a algún régimen de protección pública, adecuando de esta forma el precio de la vivienda a las expectativas y necesidades de los ciudadanos con menores niveles de ingresos. Al final nunca llegó a ponerse ni un solo ladrillo.
En diciembre de 2018 el Consejo de Ministros ratificó la recalificación del suelo. En la operación se embarcaron los ministerios de Educación, para poder decretar la obra de urgencia nacional apelando a las necesidades de Ceuta, las altas ratios y el elevado fracaso escolar y, por otra parte, el de Fomento, para recalificar el suelo atendiendo a esa misma necesidad acuciante.
Sin embargo, casi tres años después y con todo tipo de incidencias administrativas de por medio, las obras siguen sin haber arrancado.
La Ciudad tiene la “obligación” de poner a disposición del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) el suelo que resulte necesario en virtud de lo establecido en la legislación vigente para la implantación del Centro Integrado del Brull. A ese imperativo responde el inicio del expediente de cesión de la parcela “sin perjuicio de las especialidades que se puedan derivar por la tipología de centro educativo que se pretende implantar”.
Dado que parte del mismo se destinará a Educación Infantil y Primaria, el Ministerio de Educación pidió la puesta a disposición de la parte que sería de titularidad municipal y la cesión del resto, pero la Ciudad Autónoma ha entendido que, al tratarse de un futuro Centro Integrado de varios niveles y un único proyecto de construcción, lo que procede es “la cesión de la totalidad de la parcela (cuatro solares destinados antes a viviendas sometidas a régimen de protección y viales antes de su recalificación)”.
Una vez se haya concluido la construcción se procederá, “si se estima procedente”, a la constitución del complejo inmobiliario “que determine las cuotas de participación de cada Administración” en su gestión, conservación, etcétera.
El Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana señala que cuando la permanencia de los usos a que se destinen los terrenos lo requiera, las entidades locales puede “ceder directamente, por precio inferior al de coste o con carácter gratuito, el dominio de terrenos a favor de entidades o instituciones públicas para destinarlos a fines que redunden en beneficio manifiesto de los respectivos municipios”. Al tratarse de viabilizar la construcción de un centro educativo, uso dotacional, equipamiento urbano, la calificación de esta actuación como de interés social “podría entenderse implícita con la aprobación definitiva de la cesión por parte del Pleno de la Asamblea”, a juicio de la Consejería de Fomento.
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