La Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos del Gobierno de Ceuta, de la que depende el área de Vivienda, ha iniciado el trámite de modificación de dos ordenanzas con el objetivo de seguir el cumplimiento del Plan de Vivienda 2025-2028, aprobado por el Pleno de la Asamblea.
Una es la reguladora de las actuaciones de protección pública en materia de vivienda en Ceuta, la otra la alusiva al registro de demandantes de vivienda. Ambas cumplen ahora el plazo de consulta pública.
Pues bien, destaca, entre toda la hilera de propósitos contemplados en esta segunda ordenanza, la alusiva al registro de demandantes, la intención que tiene el Ejecutivo de suprimir la Comisión Local de la Vivienda como órgano de selección de adjudicatarios de viviendas públicas protegidas.
La polémica del caso Emvicesa
La denominada CLV arrastra la polémica del Caso Emvicesa, cuya sentencia dictada por la Audiencia de Ceuta derivó en la condena de quien había sido el rostro político del Gobierno en materia de vivienda pública, Antonio López.
El objetivo de la Ciudad es eliminar por siempre dicho órgano. Así se recoge en la memoria de participación de la ciudadanía incluida en el procedimiento de modificación de la ordenanza del registro de demandantes de vivienda.
Tras años bloqueada, debido al escándalo de aquella macrocausa que destapó la Udyco, la Comisión Local de la Vivienda se reunió por vez primera en esta legislatura para desbloquear pisos vacíos en promociones como las de Serrano Orive, Solís y Padre Feijoo.
Ahora la intención del Ejecutivo local es suprimirla.
Las críticas vertidas sobre la Comisión Local de la Vivienda
La gestión de Emvicesa salió muy mal parada en la sentencia de aquel mediático caso. El órgano del máximo órgano judicial en nuestra ciudad aludió a la “absoluta falta de control”, evidenciando la inutilidad de una CLV que no operó como debía.
Como entidad reguladora de ese registro de demandantes dejará de existir, que es lo que se propone la Ciudad.
Con carácter previo a la elaboración del reglamento de demandantes se somete a consulta pública para recabar opiniones acerca de los problemas que se quieren solucionar, la necesidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Criterios de selección y rapidez
“La selección y adjudicación de las viviendas protegidas/con protección pública requieren la tramitación de un procedimiento proceloso que carece de la agilidad necesaria que requiere la entrega de viviendas de protección pública, tanto de nueva construcción como vacías”, avanza la Ciudad en esta memoria.
“En este último aspecto, el proyecto de Ordenanza establece junto al sistema de baremación y el sorteo, la antigüedad de la inscripción en el Registro entre los sistemas de selección”, expone.
“El nuevo Registro de Demandantes simplificará de manera importante los procesos, otorgando desde el momento de la inscripción, la puntuación y el orden del solicitante para cualquiera de los sistemas de selección previstos”.
Un registro de demandantes actualizado
“La existencia de un Registro de demandantes en funcionamiento y la nueva regulación que se pretende debe disponer el régimen transitorio aplicable, a fin de facilitar la incorporación al nuevo Registro de todos los demandantes que acrediten los requisitos de inscripción”, concreta.
Se busca esa aprobación para actualizar y adaptar el registro de demandantes de vivienda.
Entre los objetivos, además de suprimir la Comisión Local de la Vivienda, se aboga por actualizar la normativa obsoleta a las necesidades y cambios normativos, simplificar la participación de los demandantes de vivienda, su proceso de inscripción además de seguridad y actualizar los criterios de ingresos y renta, así como las condiciones de acceso a las viviendas.
Ordenanza en materia de vivienda
En cuanto a la ordenanza de las actuaciones de protección pública en materia de vivienda en Ceuta se busca solucionar la falta de viviendas sociales y asequibles en el ámbito municipal tanto en arrendamiento como compraventa para dar respuesta a la demanda de los sectores de población con problemas de acceso a una vivienda.
“Los distintos ejes del citado Plan y las ambiciosas subvenciones que acompañan su ejecución requieren la calificación de las promociones de viviendas previstas bajo algún régimen de protección pública, al objeto de limitar tanto los precios de venta y renta, como de establecer los requisitos y condiciones de adjudicación”, apunta en la memoria.
Entre los objetivos figuran, por ejemplo, establecer los precios máximos de venta y renta, así como las condiciones obligatorias de los contratos.
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