El Consejo de Administración de Servilimpce, reunido este pasado viernes en Ceuta, ha respaldado la resolución de un expediente disciplinario abierto contra un trabajador denunciado por acoso sexual a una capataz. Resolución que concluye con una sanción disciplinaria de despido, la más grave que existe.
En el Consejo de Administración, PP y PSOE votaron a favor, Vox abstención, MDyC abstención y Ceuta Ya! en contra de la medida de despido al considerar que era exagerada, existiendo otras alternativas como suspensión de empleo y sueldo.
Los pasos que se han dado hasta derivar en este despido, que se comunicará hoy al afectado, comenzaron en febrero de este año, cuando se puso en conocimiento de la empresa un supuesto caso de acoso sexual de un trabajador hacia una capataz que, por tanto, debía ser investigado.
Así, se activó el protocolo de acoso sexual en el trabajo constituyéndose una comisión paritaria para conocer y valorar las pruebas existentes al objeto de concretar una resolución del expediente disciplinario que se llevó al Consejo y que ha culminado con el despido.
El protocolo que se ha seguido
En un informe elaborado por la empresa se indica que Servilimpce manifiesta su compromiso con la prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo en cualquiera de sus manifestaciones, así como su tolerancia cero ante la concurrencia en toda su organización de conductas constitutivas de acoso sexual o acoso por razón de sexo.
Precisamente por eso, tras conocer los hechos se dispuso una comisión de investigación “inmediata y minuciosa” sobre lo denunciado, al ser susceptible de ser considerado acoso sexual, tratando el asunto de manera confidencial.
La comisión alcanzó por unanimidad de sus componentes la conclusión de que el comportamiento seguido por el trabajador en febrero de 2025, en las inmediaciones de uno de los cuartillos de trabajo y en relación a una capataz, se considera acoso sexual en el trabajo.
Qué es lo que pasó
La afectada expuso que cuando bajaba del vehículo de trabajo se le acercó este trabajador, incomodándole primero al hacer uso de vocabulario inapropiado. Se sintió acosada cuando le llegó a ofrecer dinero a cambio de relaciones sexuales, enseñándole de hecho los billetes que tenía en su cartera.
La capataz le grabó con su teléfono dada la gravedad de los hechos y ha aportado la grabación para que sea analizada por esa comisión de investigación.
La mujer se llegó a sentir como una prostituta al ofrecérsele dinero a cambio de favores sexuales.
Las pruebas y la decisión
La comisión recogió como pruebas no solo el pen drive con la grabación aportada, sino que el propio denunciado reconoció su voz en el audio, aunque se defendió diciendo que había sido provocado por ella, cuestión que no ha resultado creíble dadas las contradicciones. Esa provocación no fue demostrada.
Se ha concluido que se ha dado un caso de acoso sexual, extremo acordado por la comisión por unanimidad.
El paso siguiente fue dar traslado a la dirección de Servilimpce para que adoptara medidas al no tener cabida dichos comportamientos contra la dignidad de las personas.
Expediente disciplinario
El procedimiento ha seguido con la incoación de expediente disciplinario previa denuncia de la capataz, instruyéndose la causa que ha derivado en este despido.
A juicio de la instrucción, “en la actividad desarrollada por el operario denunciado se dan los elementos definidores del acoso sexual y, en todo caso, una grave ofensa verbal claramente atentatoria a la dignidad de una persona incompatible en un entorno laboral”, expone
Esos hechos se han considerado una falta muy grave, proponiéndose el despido que fue respaldado por el Consejo de Administración en su amplia mayoría.
Así de momento se cierra este caso, esperándose la notificación al afectado de la medida de despido. Este medio expone los hechos tal y como han sido concretados por la comisión de investigación abierta, con las conclusiones finales que ha adoptado el Consejo de Administración.
O sea, que si eres empleado público la ley no va contigo, te salvas de que te denuncien y vayas a la cárcel y te quedas sólo sin trabajo y encima sin antecedentes penales. Menudo chollo ser empleado público, creíamos que sólo pasaba con los altos cargos pero ya vemos que no. Lo más gracioso es la mayoría de todos esos políticos que han votado este disparate son abogados, conocen la ley de primera mano. Si extrapolamos el caso al de Dany Alvez no habría entrado en prisión, le habrían echado del equipo y aquí paz y después gloria. No sé que me da más verguenza, si los políticos que permiten ésto o nosotros que no hacemos nada.
Ñacañaca la Cigala