El Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta ha celebrado esta semana sus cincuenta años de vida con una serie de actos que han contado con la asistencia de representantes del Consejo General de la Abogacía, de la Mutualidad, de la Confederación de Abogados Jóvenes y de distintos Colegios del resto de España, entre ellos el de Melilla, con cual se ha suscrito un acuerdo de hermanamiento.
Tradicionalmente, los letrados que pretendían ejercer su profesión en Ceuta debían inscribirse en el Colegio de Abogados de Cádiz. En los años 50 del pasado siglo, habida cuenta de que la problemática ceutí presentaba una serie de peculiaridades distintas de las gaditanas, se inició un justificado movimiento para la creación del Colegio local, encabezado por mi padre. Aquel intento no fructificó, porque una disposición legal elevó a 25 el número mínimo de licenciados en Derecho necesario para la fundación de un nuevo Colegio, número que por aquel entonces no era posible alcanzar en nuestra ciudad. Hay que tener en cuenta que en dicha época no se exigía el título para actuar de Procurador de los Tribunales.
Ya en 1962, tras el fallecimiento de mi padre, José Fernández Verdú retomó aquella iniciativa, y con la colaboración de un grupo de letrados –por aquel entonces apenas una docena ejercíamos la profesión– se inició la búsqueda de titulados en Derecho entre los funcionarios civiles y militares aquí destinados y entre personas radicadas en Ceuta que no ejercían, pero que poseían el titulo, hasta que se consiguió llegar al número mágico de veinticinco solicitantes. Entre ellos, una sola mujer licenciada en Derecho, Araceli Tubío, esposa del procurador Luis Fernández y ama de casa ¡Cómo han cambiado los tiempos!
Por fin, una Orden del Ministerio de Justicia fechada el 15 de abril de 1964 autorizó la constitución del Colegio de Abogados de Ceuta. En su primera sesión, celebrada para elegir la Junta de Gobierno y presidida por el colegiado de mayor edad, José Poveda, me cupo el honor de actuar de secretario, por ser el más joven. Posteriormente, en los años 70, siendo decano Francisco Lería, pertenecí como vocal a la Junta de Gobierno.
El primer local del Colegio, de reducidas dimensiones, estuvo situado en el edificio del Mercado Central, con entrada por Teniente Olmos. Allí comenzó a trabajar Abraham Barchilón como único empleado, lo que continuó siendo durante bastantes años más. Hoy es funcionario de la Autoridad Portuaria de Palma de Mallorca y licenciado en Derecho, colegiado en Ceuta como no ejerciente. De los fundadores del Colegio que ejercían realmente la profesión, soy el único que queda. Pedro José de Paúl, fundador no ejerciente, hoy jubilado, que ha sido decretario de la Autoridad Portuaria y vicesecretario de la Cámara de Comercio, es el único de ellos que sigue perteneciendo como tal al Colegio. En el curso de la cena celebrada el pasado jueves, los tres hemos sido distinguidos con sendas placas de plata.
Desde aquellos veinticinco fundadores, el Colegio de Abogados de Ceuta ha llegado actualmente a los 694 colegiados. Parece increíble. Hoy es una entidad viva, con una amplia y moderna sede en la calle Serrano Orive, que presta inestimables servicios a la comunidad a través del turno de oficio y que está siempre dispuesta a combatir todo aquello que, en el campo de la justicia, considera lesivo para los legítimos intereses de los colegiados y para la ciudadanía en general. La acertada gestión de su actual decana, Isabel Valriberas, está situando al Colegio de Abogados de Ceuta en el grupo de cabeza de estas Corporaciones de Derecho Público.
Creo que Juan Vivas ha acertado plenamente al proponerlo para la concesión de la Medalla de la Autonomía. Cincuenta años de una trayectoria ejemplar así lo avalan.
