Para algunos es su primer trabajo, para otros un contrato después de un tiempo en las listas del paro. En cualquier caso, un total de 75 jóvenes participan, desde principios de este mes, en alguno de los cinco talleres profesionales del programa operativo de empleo, dirigido a este colectivo.
Sus edades comprenden entre los 16 y 30 años y el requisito era estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El programa está dotado de 1,2 millones de euros y se enfoca al impulso de contratos de formación con carácter temporal y seis meses de duración.
Las contrataciones se desarrollan en empresas sin ánimo de lucro que percibirán una subvención por cada uno de los alumnos-trabajadores que contrate.
Forem, Confederación de Empresarios de Ceuta, Cámara de Comercio y Fundación Gallardo han optado a este programa que, en total, desarrolla cinco talleres: uno en el sector turístico y cuatro más de carácter sociosanitario y de informática, en cada uno de los cuales participan 15 alumnos.
La situación de desempleo juvenil ha alcanzado tal extremo que aparece como una de las principales preocupaciones del Gobierno, además de encontrarse en el centro de las reformas legislativas que se han impulsado en materia laboral.
La población juvenil es un grupo muy heterogéneo que engloba tanto a jóvenes que han abandonado prematuramente sus estudios y, consiguientemente, no disponen de cualificación ni tampoco de experiencia laboral, como a aquellos titulados superiores, con amplias habilidades e incluso con experiencia laboral previa, que buscan empleo sin éxito.
Ante esta situación, el Consejo Europeo propuso una Iniciativa de Empleo Juvenil, que apoyaría especialmente a los jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación (lo que se ha venido a denominar popularmente como ni-ni) en las regiones de la Unión que, en 2012, tuvieron una tasa de desempleo juvenil superior al 25%, centrándose en integrar a estos jóvenes en el mercado de trabajo.
Esta iniciativa fue propuesta por el Consejo Europeo en febrero de 2013 y fija como objetivo garantizar que todos los jóvenes reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación formal o quedar desempleados. Asimismo, recomienda a los Estados miembros que pongan en práctica, lo antes posible, los sistemas de Garantía Juvenil para poder beneficiarse de esta iniciativa y se aseguren de su adecuada integración en los programas cofinanciados por la Unión Europea.
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