Cinco individuos fueron detenidos el pasado jueves en Melilla por parte de los agentes de la Policía Nacional por tenencia de una red que favorecía el empadronamiento fraudulento de ciudadanos extranjeros en situación irregular mediante contratos de arrendamiento falsificados a cambio de 2.000 euros por persona.
La operación ha sido desarrollada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales y el portavoz de la Jefatura Superior de Policía de la ciudad autónoma melillense ha indicado que se llevó a cabo tras el descubrimiento de la inscripción fraudulenta en el Padrón Municipal de Melilla de varios ciudadanos de nacionalidad marroquí en situación administrativa irregular a través de contratos de arrendamiento falsificados.
En este sentido, indicó que todo este fraude comenzaba cuando un varón español, que trabaja para una gestoría de Melilla, se encargaba de captar a ciudadanos marroquíes que necesitaban estar empadronados para acceder a la documentación necesaria que regularizase su situación en el Espacio Schengen.
Este individuo ofrecía la posibilidad de estar inscritos a través de la formalización de un contrato de arrendamiento en la ciudad autónoma dejando claro que el objetivo no era residir en el mismo, sino que solo se realizaría para poder conseguir el registro en el Padrón Municipal.
En ese momento, aparecía otro hombre, también de nacionalidad española que, mediante la falsificación de la firma de su exmujer, propietaria de la vivienda en cuestión, aportaba los citados contratos de arrendamiento que, tras pasar por los depósitos legales requeridos, terminaban con la inscripción de esas personas como falsos arrendatarios del domicilio.
Esta rúbrica se realizaba en la gestoría del primer varón estando presentes el captador, el facilitador de la vivienda y las personas que supuestamente iban a residir en el lugar. La propietaria no estuvo presente en ningún momento y era ajena a toda esta trama ya que el exmarido era el encargado de falsificar esa firma para que el contrato fuera efectivo.
Con este modus operandi los defraudadores lograron empadronar en Melilla a seis ciudadanos marroquíes, que usaron esta artimaña para legalizar su situación administrativa en España. Para que la transacción se realizara, los arrendatarios debían aportar una cantidad próxima de los 2.000 euros en el momento en el que se formalizaban las rúbricas, dinero que era repartido entre el captador y el facilitador.
A los cinco detenidos se les han imputado los delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
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