La cifra de medidas de internamiento en el Centro de Reforma de Punta Blanca de Ceuta por delitos cometidos por menores de edad cayó en 2020 al mínimo de la serie histórica de la última década, un total de 59, lejos del máximo que se alcanzó en 2013 con 84. Desde 2015 (77), las medidas judiciales de privación de libertad de jóvenes con menos de 18 de años mantienen un descenso constante que contrasta con el ruido político y mediático alrededor de la delincuencia infanto-juvenil.
Un total de 39 medidas judiciales fueron de régimen cerrado (un 33% más que el ejercicio anterior) y veinte de carácter semiabierto, lo que implica que los menores deben residir en el Centro pero pueden realizar fuera “actividades formativas, educativas, laborales y de ocio” de acuerdo con lo establecido judicialmente en su programa individualizado.
Además, en 2020 se dictaron 22 medidas cautelares en régimen cerrado (es decir, sin posibilidad de salir de Punta Blanca), lejos del máximo de 2015 (43) pero por encima del dato de 2019 (17) y una en semiabierto.
La mayoría de las medidas de internamiento se produjeron antes del cierre de la frontera del Tarajal por la pandemia del coronavirus, en enero (doce en régimen cerrado y 9 en semiabierto). Julio también concentró un número elevado (10 y una, respectivamente).
Por edades las medidas judiciales más duras se concentran en los que tienen 17 años (23, veinte varones y tres féminas), mientras que por sexos la mayoría siguen siendo hombres (48), aunque el número de chicas bajo medidas de internamiento no deja de crecer desde 2015 (de dos a once el año pasado). Por nacionalidad, 39 internados eran marroquíes y veinte, españoles.
La comisión de robos supone el 38,9% de los internamientos y el incumplimiento de medidas de libertad vigilada, el 16,95%. Idéntico porcentaje supone la comisión de delitos de atentado, que el año pasado motivó diez internamientos, dos más que el ejercicio anterior y uno por encima del máximo alcanzado en 2011.
Los internamientos por lesiones ha caído sensiblemente desde 2015 (de diez a dos), como los de homicidio (de ocho en 2017 a tres en 2020), y los vinculados a tráfico de drogas (7) han vuelto a niveles de hace seis años.
Durante el año pasado sólo seis menores fueron objeto de más de una medida de internamiento en cualquiera de sus regímenes en Punta Blanca, según la información recopilada por este periódico. Uno recibió tres medidas de esta naturaleza en 2020, mientras que sobre cinco se dictaron dos en cada caso. El resto, 46 menores jóvenes, recibieron una medida. El total de resoluciones judiciales de privación de libertad y derechos en mayor o menor medida se repartió, por tanto, entre un total de 52 chicos y chicas de nacionalidad española y extranjera. También se tramitaron 63 expedientes sancionadores muy graves y 51 graves.
La franja de edad de 17 años es la que aglutinó el mayor número de medidas de internamiento durante 2020, un total de 32 menores entre chicos (29) y chicas (3), según los datos recopilados por ‘El Faro’. Solamente dos menores con 18 años entraron en ‘Punta Blanca’ para la ejecución de medidas judiciales de esa naturaleza y uno con 19.
Sin embargo, entre las aplicadas con 16 años el número se reparte casi a partes iguales entre varones y féminas, 8 y 7, respectivamente.
El menor sujeto a una medida debe disponer de un ambiente “que le provea de las condiciones educativas adecuadas para que pueda reorientar aquellas disposiciones o deficiencias que han caracterizado su comportamiento antisocial”, así como “asegurar la estancia del infractor en un régimen físicamente restrictivo de su libertad”.
La mayor o menor intensidad de la restricción da lugar a los diversos tipos de internamiento. En todo caso, el internamiento ha de proporcionar “un clima de seguridad personal para todos los implicados, profesionales y menores infractores”, lo que hace imprescindible que las condiciones de estancia sean “las correctas para el normal desarrollo psicológico de los menores”.
El Centro de Reforma de Ceuta dispone de un total de 24 plazas.
El Centro de internamiento de jóvenes infractores ‘Punta Blanca’ está concebido para el cumplimiento de las medidas privativas de libertad que se imponen a los menores sujetos a la Ley 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores, a excepción de medida de internamiento en régimen terapéutico, que es aplicable a todas las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.
Sus objetivos están inspirados por el principio de que “el menor internado es sujeto de derecho y continúa formando parte de la sociedad” y persiguen “reducir al máximo los efectos negativos que el internamiento pueda representar para el menor o su familia”; frenar temporalmente el proceso delictivo en el que el menor se encuentra inmerso; y “favorecer los vínculos sociales, el contacto con los familiares y allegados, y la participación en el proceso de integración social”.
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