Sin lugar a dudas, algo alarmante está ocurriendo en Chile, una enorme porción de su población se siente omitida, no ya solo por un grupo de jóvenes irascibles que defienden sus derechos, es mucho más que eso. Apenas, la punta del iceberg ha originado un horizonte inestable hasta ahora ignorado; frente a un debate sobre la desigualdad extremadamente enraizado, porque la mayoría de sus ciudadanos se sienten desamparados al tener que empeñarse para poder subsistir.
Hoy, un estado que hasta no hace mucho era considerado como un ejemplo de estabilidad económica y política en una región fuertemente agitada, ha expresado estar hastiada del aumento en el precio de los servicios públicos, como de los sueldos paralizados y unas pensiones exiguas.
De ahí, que lo que inicialmente arrancó con una cacerolada en la clase pobre y media como muestra de solidaridad, finalmente, ha desembocado en un acto de rebelión estudiantil con desaprobaciones masivas y ajustes de cuentas, por la subida en cuatro centavos de dólar del importe del metro, auspiciado en una lucha sin tregua contra los modelos neoliberalistas económicos de salud y educación, procedentes de las políticas de la administración de centroderecha.
Coyuntura que desde el origen real de las adversidades que padece la población, el Gobierno no ha sabido descifrar adecuadamente, porque el impacto persiste enmascarando niveles extremados de disconformidad con empleos precarios.
Mientras tanto, una ola de protestas ha derivado en saqueos generalizados, vandalismo e incendios intencionados diseminados por doquier, hasta imponerse el toque de queda y la intervención de las fuerzas armadas para reponer el orden.
Una medida inconcebible que resulta estremecedora, para quiénes hace unas décadas vivieron en sus carnes la larga dictadura (1973-1990) de don Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (1915-2006), con un periodo autoritario y violento en el que se asesinaron y torturaron a miles de personas desde la sombra de la impunidad; negro sobre blanco de lo que ya es un clamor que no esconde la imagen maltrecha de un país, donde se suceden las denuncias de presuntas vejaciones y violaciones de los derechos humanos por parte de agentes del Estado.
Si bien, la economía de Chile es una de las más prósperas de Latinoamérica, actualmente está siendo punteada por las rigideces comerciales, el declive en la estimación del cobre como su principal materia prima de exportación, a lo que ha de añadirse, el incremento de los valores del petróleo. A pesar de todo, Chile ha crecido a un ritmo moderado y se halla en una mejor situación que algunas economías más próximas.
Sin embargo, no lejos de esta realidad, esta nación desafía tres dificultades de importante calado que percuten a más no poder en diversos rumbos. Reflejando el descontento proveniente de la ardua circunstancia económica de las familias, que indiscutiblemente revela el desnivel discriminatorio existente, la dependencia de un único producto básico y como no podía ser menos, la clase política cada vez más distante y corrupta.
Implorándose un diseño integral de políticas estructurales, que al menos, compensen la balanza en cada uno de los estratos de la población en función de su riesgo. Más, los casos evidenciados de escándalo que implican a empresarios y a la fuerza federal, han sido el catalizador del desacuerdo ciudadano que ha reaccionado con estupor.
Más allá de lo que acontece en Chile, la intimidación política se recrudece en otros entornos de Hispanoamérica, tómese como ejemplo, los recientes episodios vividos en Ecuador por el encarecimiento en la cuantía de los combustibles, aunque a última hora se ha revocado por el Gobierno de don Lenín Boltaire Moreno Garcés (1953-66 años); o el propósito de don Juan Evo Morales Ayma (1959-60 años) de mantenerse al mando de Bolivia; toda vez, que México se ve salpicado por la depravación de los narcos y la centroizquierda hace retornar a Argentina al peronismo.
Con estas connotaciones preliminares, la creciente falta de equidad que genera injusticia, ha intensificado el arrebato de los chilenos que no sólo están resentidos por las tasas aplicadas en el transporte público, sino igualmente, porque sufragan elevados costes del sistema de salud y habitualmente han de enfrentarse a largas listas de espera para ser atendidos. Mismamente, la educación pública es insuficiente y las pensiones como ya se ha citado, operan bajo las firmas privadas de un sistema implantado por el régimen de Pinochet.
La República de Chile es un Estado largo y estrecho que se prolonga por el margen Occidental de Sudamérica, con más de 6.000 kilómetros de litoral en el Océano Pacífico. Santiago, su capital, se dispone en un valle circunscrito por los Andes y la Cordillera de la Costa; limitando con Perú al Norte, Bolivia al Nordeste y Argentina al Este, lo que le hace totalizar 7.801 kilómetros de fronteras terrestres.
El Instituto Nacional de Estadística indica que el censo poblacional de este país ronda los 18.629.746 habitantes, con una tasa de crecimiento en torno al 1.07%. Asimismo, su producto interior bruto (PIB) corresponde a 277,1 miles de millones USD y la esperanza de vida se sitúa en torno a 79,52 años. En atención a una encuesta del Ministerio del Desarrollo Social de 2017, los ingresos del percentil en cualesquiera de los nueve valores que dividen a un grupo de datos ordenados en diez partes iguales, el más próspero estuvo en 39,1 veces más alto que el más pobre.
Esto representa un ascenso desde las 30,8 veces en 2006, porque los chilenos ganan menos de $400.000 al mes, o lo que es lo mismo, 363,01 €. Luego, con el aumento de las tarifas, la valoración del transporte puede disponerse en $32.000 al mes, lo que corresponde a 29,04 €. Sin inmiscuir, que en el segundo trimestre de este año, la tasa de crecimiento anual ha estado en el 1,9%.
Hilvanando las piezas de este puzle difícil de presagiar, Chile ha sido una de las economías hispanoamericanas que más rápido ha crecido, debido mayoritariamente a un marco macroeconómico consistente que ha hecho atenuar las secuelas de un contexto internacional volátil, aminorando el índice de pobreza establecido en el 30% del año 2000, al 6.4% en 2017.
Tras haberse desarrollado un 4.0% en 2018, el crecimiento del PIB cayó a 1.8% en la primera mitad de 2019, como consecuencia de unas condiciones externas contradictorias y la demora en algunas de las insignificantes reformas del Gobierno.
En el primer semestre de 2018, el déficit de la cuenta corriente creció de 0.9% del PIB, a 1.3% en el mismo período de 2019.
Todo ello, pese, a que las reservas internacionales se conservaron invariables porque el déficit se invirtió por deuda externa, tanto pública como privada y en menor disposición, por inversión extranjera directa.
Dada la inminente desaceleración que se atisba, los representantes de la dirección han variado el acomodo de la política macroeconómica para impulsar una mayor evolución; todo ello, mediante mayor gasto público y el reajuste en la tasa de interés de la política monetaria. Del mismo modo, en Chile se buscan los consensos necesarios sobre la agenda de reformas, para afrontar a medio plazo algunos de los retos que le ocupan.
Es de esperar, que el afianzamiento fiscal previsto para este año, sea primordial para asegurar la deuda y fortalecer la confianza de la economía.
Los esfuerzos para normalizar el sistema tributario, allanar la movilidad laboral, comprimir la burocracia, optimizar el régimen de pensiones y tonificar el sistema financiero, serán decisivos para emprender un mayor desarrollo.
Conjuntamente, promover la innovación, modernizar las relaciones entre la educación y el mercado de trabajo o la competencia profesional femenina, son menesteres imperativos que a largo plazo agrandan las posibilidades.
En la cara social, regenerar el rango de los servicios de salud y educación, disminuyendo los impedimentos para el acceso a las políticas sociales, es fundamental para aminorar la pobreza y sostener a la clase media. Ahora bien, numerosas voces se han pronunciado al respecto y posiblemente queden todavía muchas, para justificar lo acaecido en el movimiento de indignación y las repulsas de los ciudadanos chilenos.
Hasta ahora en la recapitulación de estos gravísimos hechos, se interpela por las políticas establecidas y en los automatismos determinantes para salir de esta crisis en la gobernabilidad.
En verdad, no es fácil interpretar con exactitud el futuro de Chile, sino más bien, hacer ver otros caminos alternativos que anticipen realidades esperadas o prescindir de situaciones indeseadas, frente a las amenazas y desafíos para la coordinación social de este país.
En este entresijo, un primer escenario podría ser el tendencial, porque exhibe lo que sobrevendrá si las actuales variables intervinientes permanecen inmovilizando el curso real de esta sociedad.
La raíz de este contexto deduce que las discrepancias continúen escalando peldaños, entre quiénes se han movilizado y siguen en las calles pronunciándose ante su insatisfacción en las formas de proceder. Claro está, que esto podría desembocar en un ambiente de polarización, si es que ya no lo es.
Si el colaborador de la opinión pública fragmentada en dos extremos opuestos es el sentido común, en aras de facilitar estos procesos, este tiende con naturalidad a lo binario, es decir, ellos o nosotros mismos, cerca o lejos, aliado o adversario. Percibiéndose actores que se anteponen a este espacio, porque les habilita a construir discursos y operaciones políticas única y exclusivamente mirando para sí.
Evidentemente, el panorama anterior beneficia a los sectores de extrema derecha y a los radicalizados en la izquierda extrainstitucional.
Quiénes configuran la polarización ganando espacio o apoyo, se identifican con ella misma y los que están afuera, pretenden quebrarla. Esta tentativa puede originar un segundo escenario conceptuado como esperanzador, coligado a una ventana de oportunidades para restablecer y generar algunos cambios a corto, medio y largo plazo.
Divisado desde este enfoque, se otearían cambios moderados y clarividentes que no acaban en una ambición desmedida, apoyados más bien, en los propios deseos que en los fundamentos que comportan las vicisitudes y reseñas. Demandando de liderazgos nuevos y convocantes que faciliten encarar desde la sensatez, pactos políticos y sociales con entendimientos deseables y plenamente satisfactorios.
En este momento, no se advierte la urgencia de este liderazgo entre otros motivos, porque el Gobierno está falto de este trazado y los partidos políticos de la oposición han contemplado con buenos ojos más incentivos, que refuercen sus agendas desde las lógicas del interés público.
Un hipotético tercer escenario de molde apocado al pesimismo, trascendería de un vacío circunstancial de poder en el Gobierno. Presumiblemente, conjeturaría un deterioro del estado presente. Obviamente, éste se atinaría en la perspectiva tendencial y en un cuadro contradictorio, si cabe, agravado por elementos insospechados, desestabilizantes y descontrolados.
Visto y no visto, la imputación constitucional hacia el Presidente de Chile don Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique (1949-69 años), llevaría a este derrotero.
La historia nos refiere, que en ningún otro tiempo ha existido como tal, el vacío de poder, porque alguien termina invadiéndolo y es precisamente en este punto, donde aparecen los espectros de un retroceso dominante, abusivo y totalitario que condenarían a este país a retroceder en un pasado aún sin borrar en las generaciones de hoy.
Por último, se retrataría el escenario disruptivo aunado a una subordinación estadista.
Un vuelco del Presidente con inclinación audaz, suscitaría una variación en el hábitat político. El llamamiento a un plebiscito donde se simplifique el proceso, puede contravenir la predisposición. Sus resultados no tienen que calificarse obligatoriamente como perjudiciales, porque incita a deliberar desde la creatividad ante otros resquicios que encaminen a acciones positivas o neutralicen las negativas.
Bien es cierto, que este entorno queda reservado para sopesar lo imprevisible. Requiriéndose de la capacidad para entrever más allá de los procedimientos conocidos, rectificando y tomando nota de las lecciones aprendidas, explorando las reglas de juego sociales hasta rediseñarlas apropiadamente.
No obstante, esta vía se hace más dificultosa por el inconveniente de la ceguera institucional y la arrogancia que ofrecen el Presidente de la República y su equipo de asesores.
El problema de la individualidad como confirma el Mandatario, demuestra que en etapas de incertidumbre se queda en la pasividad, reaccionando sin avanzar en propuestas, lo que atribuye la ausencia de estrategia y la falta de capacidad más propia de los estadistas. De lo que se desprende, que el Presidente parece no estar dispuesto a escuchar los lamentos que emergen desde la legitimidad.
Este es la disyuntiva reinante de la máxima autoridad de Chile y de los actores envueltos en este trance, en el que poco o apenas nada, se vislumbra el sentido de estado puestos al servicio de la gobernabilidad.
Consecuentemente, en cuestión de horas, una de las democracias latinoamericanas más afianzadas, se ha convertido en un polvorín de tensión social. Si acaso, un gran acuerdo nacional, amplias reformas del sistema político y económico y un vaivén significativo en el gabinete ministerial, constituirían algunas de las salidas que soliviantarían la explosión ciudadana que tiene inmovilizado al país.
Algunos expertos apuntan como remedio válido la instauración de una Asamblea Constituyente, e incluso, la viabilidad de un mediador o la marcha del propio Presidente Piñera y su gabinete de ministros.
Irremediablemente hay que referirse al diálogo de los parlamentarios de derecha, izquierda y centro, que ponen en común la premisa de alcanzar acuerdos que logren medidas direccionadas a la mejora de la calidad de vida de los chilenos.
Así, la última encuesta del Centro de Estudios Público de Chile, por sus siglas, CEP, únicamente el 19% se siente identificado con alguna de las fórmulas planteadas por algún partido político; peor veredicto se extrae en lo que concierne a la confianza puesta en el Parlamento chileno, que se desploma al 6%.
Con estos mimbres, las últimas cifras registradas cuantifican treinta fallecidos y cientos de miles de heridos, donde la exacerbación ciudadana continúa haciéndose presa del sentir popular; al margen de la aspiración en la interlocución entre los políticos, que cada día está más distanciada. La iniciativa de incorporar líderes sociales, es cada vez más ostensible, porque las instituciones políticas están desacreditadas y deterioradas, existiendo un vacío de liderazgo. Lo que realmente se dirime a los dirigentes sociales, pasa por los criterios que aporten, prodigando ideas y colaborando con proposiciones y diagnósticos.
Tampoco es desacertado la apertura de un proceso constituyente, surgido como solicitud de participación ciudadana con gestores públicos, que contraigan la responsabilidad de armonizar los valores democráticos.
Quienes lo alientan, aspiran a edificar otra Carta Magna que sustituya a la vigente.
Y es que, como es consabido, este texto legislativo se elaboró durante la dictadura militar de Pinochet. Aunque, su contenido ya se ha modificado en diversas ocasiones, las partes más conservadoras de arraigo pinochetista, desconfían que confluya en una alteración constitucional de corte socialista o de inspiración chavista.
Chile, está inmersa en una profunda crisis de expectativas, promesas y ofrecimientos baldíos, que han quedado postergados con cifras de crecimiento altísimas totalmente incumplidas. Los cambios sociales resultaron desahuciados y el coste de vida se resiste en lo más alto.
Un desafío en toda regla, donde la transversalidad es una de las grandes novedades del movimiento contestatario, que sin miedos, se moviliza para hacer visible lo que en épocas pasadas estuvo negado al Pueblo Soberano.
Mientras, a pocos kilómetros de una de las fronteras terrestres, en Bolivia, se pone en apuros la democracia con la irrupción de grupos violentos que atentan contra el orden constitucional.